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ACNUR se asocia con municipios chilenos para potenciar el emprendimiento e integración laboral de las personas refugiadas y migrantes

Comunicados de prensa

ACNUR se asocia con municipios chilenos para potenciar el emprendimiento e integración laboral de las personas refugiadas y migrantes

Las comunas chilenas de La Pintana y Santiago concretaron grandes avances en la promoción de la inclusión socioeconómica de las personas extranjeras que viven en sus territorios.
30 November 2020
El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y Juan Carlos Murillo, Representante Regional de ACNUR para el Sur de América Latina, recorrieron un centro comunitario, que fue acondicionado para que decenas de emprendedores y emprendedoras gastronómicos refugiados y migrantes puedan cocinar alimentos para la venta.

SANTIAGO, Chile – El día 26 de noviembre de 2020 fue una jornada de grandes noticias para las personas refugiadas que viven en Chile. Durante la mañana, la Municipalidad de Santiago celebró el lanzamiento del proyecto “Santiago Cocina”, una innovadora idea destinada a apoyar a emprendedores gastronómicos refugiados y migrantes que están empezando una nueva vida en Chile. El proyecto – que fue inaugurado con la presencia del Alcalde de Santiago Felipe Alesandri y del Representante Regional de ACNUR Juan Carlos Murillo – consiste en la implementación de una cocina comunitaria, emplazada en un centro comunitario municipal, para que diversos emprendedores, en su mayoría refugiados y migrantes, puedan preparar productos gastronómicos sellados y posteriormente venderlos.

El proyecto se enmarca en un acuerdo de asociación entre la comuna de Santiago y ACNUR, que se firmó en 2019 y que tiene por objetivo beneficiar a las personas venezolanas y refugiadas residentes en la comuna. Gracias a este acuerdo, fue posible habilitar el espacio con los implementos necesarios para la preparación de los productos, llevándose a cabo capacitaciones en manipulación de alimentos y etiquetado nutricional.

“Proyectos como éste son tremendamente importantes para que decenas de familias refugiadas y migrantes puedan salir adelante y lograr su autosuficiencia en Chile. Además, con sus emprendimientos, ellos también pueden generar empleos para la comunidad nacional. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien”, comentó Juan Carlos Murillo, Representante Regional de ACNUR para el Sur de América Latina. “Para el año 2021 tenemos planificado aumentar el número de emprendedores y emprendedoras beneficiados por la iniciativa y realizar capacitaciones sobre cómo comercializar los productos gastronómicos elaborados”, agregó. Cabe señalar que Santiago es la comuna con mayor concentración de población venezolana en el país, albergando a 118.283 personas de esta nacionalidad según las últimas proyecciones del Departamento de Extranjería y Migración para 2019.

Por otra parte, durante la tarde de esa misma jornada, la Municipalidad de La Pintana llevó a cabo una ceremonia para sumarse al programa de Cooperación “Ciudades Solidarias”. Se trata de un compromiso, impulsado por ACNUR, que han asumido diversos gobiernos locales y provincias de América Latina para promover la integración, bienestar y no-discriminación de las personas refugiadas en sus territorios. 

“A través de este programa de cooperación, ACNUR reconoce los esfuerzos de La Pintana para mejorar las condiciones de vida y fomentar la integración local de los refugiados en sus nuevas comunidades. Pero también nos estamos comprometiendo a apoyar a la municipalidad a través de asesorías técnicas, capacitaciones y diversas iniciativas”, comentó Juan Carlos Murillo. “El Convenio de Ciudades Solidarias ya ha sido firmado por otros cinco municipios chilenos: Quilicura, Santiago, Estación Central, Recoleta y Ñuñoa”.

Entre las iniciativas innovadoras de integración que ha desarrollado el Municipio de La Pintana se encuentra el “Plan de empleos de emergencia (PLE)”, que contempla la inclusión de 450 trabajadores/as para realizar actividades prioritarias para la comuna, como, por ejemplo, aseo y control de microbasurales o reforestación de espacios públicos. En su ejecución está considerada la contratación durante 6 meses de un mínimo de 225 mujeres (50%), 45 personas migrantes y/o refugiadas (10%) y 10 personas en situación de discapacidad (2,2%).