Las 'personas marginadas' de Yemen sufren por el hambre y el desplazamiento

AMRAN, Yemen – Ya ha pasado el mediodía, la hora en la que Mariam suele empezar a preparar el almuerzo para sus hijos. Pero hoy, ella y su extensa familia de 14 personas aún no han desayunado; la fría hoguera en la esquina de su carpa es un recordatorio no deseado de que la última vez que comieron fue hace más de un día.

“Aquí es donde cocino y aquí es donde dormimos”. Mariam señala un pequeño montículo de cenizas rodeado de piedras, junto a una desgastada alfombra extendida en el suelo del oscuro y precario alojamiento. “La mayor parte del tiempo, sólo comemos una vez al día. No tengo combustible ni leña, así que quemamos botellas de plástico y basura cuando tenemos algo que cocinar”, explica.

Mariam, de 50 años, y su familia se vieron obligados a huir de su hogar en Sa’ada, al noroeste de Yemen, tras el estallido del conflicto en 2015. Ahora se enfrenta a una batalla diaria por la supervivencia junto a otras 136 familias en un lugar que acoge a los yemeníes desplazados en el distrito de Kharif de la gobernación de Amran, al norte de la capital, Sana’a.

Viuda con seis hijos propios, Mariam adoptó a siete de sus sobrinos después de que su hermano y su esposa murieran en el bombardeo que la obligó a abandonar su hogar. Desnutrida y demacrada, ahora debe alimentar y cuidar a 13 niños ella sola.

“La mayoría de las veces, sólo comemos una vez al día”.

Aunque el conflicto en Yemen ha golpeado duramente a todo el país, pocos han sentido las privaciones con tanta intensidad como los muhamasheen (que en árabe significa “marginados”), el grupo étnico al que pertenece Mariam, que ya sufría el legado de siglos de discriminación y pobreza antes de que estallaron los combates en 2015.

Algunos creen que la arraigada discriminación a la que se enfrentan está relacionada con su origen étnico como descendientes de esclavos africanos traídos a la región en el siglo VI. En su mayoría se encuentran confinados en barrios marginales en las afueras de pueblos y ciudades con pocas oportunidades económicas y carecen de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y educación.

Para aliviar la sensación de marginalidad que rodea al grupo, las autoridades de Sana’a los rebautizaron recientemente como “nietos de Bilal”, en honor a una figura histórica muy respetada en el mundo musulmán­: un antiguo esclavo africano y compañero cercano del profeta Mahoma que dirigió la primera llamada a la oración.

Antes de los bombardeos, Mariam solía trabajar como ama de casa, barriendo y fregando suelos para ganar un poco de dinero para alimentar a su familia. Pero desde que se vio obligada a huir de su casa no ha podido encontrar un trabajo, lo que le impide costear el material escolar para sus hijos, o conseguir los 12.000 riales yemeníes (unos 20 dólares) que es el costo de los documentos de identidad de la mayoría de sus hijos.

“Por la noche hace mucho frío”.

Debido a eso, sólo cuatro de sus hijos están matriculados en la escuela. “No tengo dinero para comprarles libros o uniformes. Apenas tenemos lo suficiente para permitirnos una comida al día”, dice Mariam. Los que asisten a las clases deben caminar cinco kilómetros diarios para ir a la escuela cercana.

Mariam duda que la educación contribuya mucho a mejorar sus perspectivas, ya que la población muhamasheen a menudo tiene pocas alternativas a trabajos humildes y mal pagados. Su hijo adoptivo, Hassain, de 20 años, gana un poco de dinero recogiendo y vendiendo residuos reciclables en el asentamiento de Kharif para complementar la poca ayuda que reciben de las agencias humanitarias.

“Por la noche hace mucho frío, pero no tenemos una manta para cada uno, así que una manta la comparten tres”, dice Mariam, señalando una pequeña pila de mantas dobladas en una esquina de la carpa.

Su falta de documentos de identidad y la exclusión de cualquier afiliación tribal también suponen que Mariam y la mayoría de sus hijos a menudo no son elegibles para las distribuciones de alimentos y otras formas de ayuda humanitaria, recibiendo sólo una fracción de la asistencia que necesitan sobre la base de los documentos de sus cuatro hijos.

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Aunque no se conoce el número real de muhamasheen, las estimaciones oscilan entre medio millón y 3,5 millones de personas, y en su mayoría residen en las provincias de Al Hudaydah, Taizz, Ibb, Lahj, Mahaweet, Hajjah y Hadramout.

Seis años de conflicto han obligado a casi cuatro millones de yemeníes a huir a otros lugares del país en búsqueda de seguridad. La inmensa mayoría (76%) son mujeres y niños.

Sólo en 2020, unas 172.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en su país, lo que convierte a Yemen en el cuarto país del mundo con mayor número de desplazados internos.

Para responder a las nuevas olas de desplazamiento y a las necesidades de los desplazados de larga data dentro de Yemen, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está proporcionando ayuda de emergencia que incluye alojamiento, suministros domésticos esenciales y ayuda en efectivo para las personas más vulnerables.

ACNUR ha proporcionado a Mariam y a su familia varios subsidios de asistencia en efectivo, lo que le ha permitido a ella – y a otro millón de beneficiarios en Yemen – comprar alimentos y pagar otras prioridades como medicamentos, alquiler o reparaciones a su carpa. ACNUR también proporciona artículos esenciales, como colchones, utensilios de cocina y material de construcción.

• Ver también: La ayuda llega sobre tres ruedas para los recicladores desplazados en Yemen

En coordinación con sus socios, ACNUR está haciendo un seguimiento de las necesidades de las familias desplazadas, incluyendo a los muhamasheen. Esto ayudará a identificar a las personas más vulnerables y a garantizar su acceso a la ayuda humanitaria, incluido el acceso a la asistencia legal para ayudarles a obtener documentos de identificación.

A pesar de esta ayuda, millones de personas en Yemen siguen sufriendo. El conflicto está provocando un fuerte deterioro de las condiciones de vida en todo el país. ACNUR es testigo del aumento de las necesidades de la población, agravado por las nuevas dinámicas del conflicto, el colapso de la economía, la disminución de los servicios sociales y la pérdida de los medios de vida.

Ante la amenaza de que se produzcan condiciones similares a la hambruna en algunas partes del país, los datos muestran que las familias desplazadas corren un riesgo especial de padecer hambre, especialmente los hogares encabezados por mujeres como el de Mariam. Con la pandemia de la COVID-19, que está reduciendo los ingresos e interrumpiendo el suministro de alimentos, se espera que aumenten la escala y el impacto de la inseguridad alimentaria.

Se calcula que, a mediados de 2020, 46 millones de personas en todo el mundo se habían visto obligadas a huir dentro de las fronteras de sus propios países a causa de los conflictos y la persecución, lo que representa la mayoría de los 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo.