ACNUR da la voz de alarma: 8,3 millones de personas corren el riesgo de perder la asistencia de la que dependen

GINEBRA – Los continuos y graves recortes de financiación están llevando al límite los sistemas de apoyo y protección para las personas refugiadas en algunas de las principales crisis de desplazamiento forzado del mundo, obligando a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a reducir programas esenciales, lo que deja a millones de personas sin el apoyo que necesitan para mantenerse a salvo.

Casi 8,3 millones de personas refugiadas, desplazadas por la fuerza y apátridas se encuentran al borde de perder el acceso a asistencia vital, según el informe de ACNUR «Protección erosionada: el coste humano de la falta de financiación», publicado hoy.

La financiación disponible se redujo de 5.200 millones de dólares en 2024 a 3.900 millones en 2025. A finales de julio de 2026, ACNUR había recibido apenas el 32 % de los 8.500 millones de dólares necesarios para este año, mientras el número de personas a las que ACNUR tiene el mandato de proteger se mantenía en niveles históricamente elevados.

«Cuando faltan los recursos para registrar y documentar a las personas refugiadas, cuando cierran los espacios seguros o desaparecen los servicios de protección para la infancia, aumentan los riesgos a los que vuelven a estar expuestas estas personas: violencia, explotación y abusos. Las familias quedan así en una situación de mayor vulnerabilidad, algunas se ven obligadas a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y otras pueden acabar siendo víctimas de redes de trata», señaló Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de ACNUR. «La protección no puede recortarse de forma indefinida sin poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas que la garantizan. A partir de un determinado nivel de financiación, los servicios no se limitan a llegar a menos personas: pueden dejar de funcionar por completo. Y cuando esto ocurre, son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad quienes se quedan sin la protección que necesitan», añadió.

En Chad, 319.000 personas refugiadas se enfrentan a retrasos en su registro, lo que las deja sin la documentación necesaria para acceder a servicios y las expone a riesgos de detención. Hasta 200.000 mujeres y niñas corren el riesgo de perder el acceso a espacios seguros y programas de prevención, mientras que alrededor de 233.000 niños y niñas podrían quedarse sin servicios de protección infantil.

En Etiopía, la capacidad de los espacios seguros para supervivientes de violencia de género se ha reducido en más de la mitad en un año, mientras que la cobertura de protección infantil en algunas zonas ha disminuido hasta un 85 %. En Sudán, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y niños y niñas en situación de grave riesgo podrían perder el acceso a servicios esenciales de protección.

Ante la drástica reducción de los recursos disponibles, ACNUR ha llevado a cabo importantes reformas y se ha visto obligado a tomar difíciles decisiones para priorizar su labor más esencial. Sin embargo, la magnitud y persistencia del déficit de financiación hacen que incluso las actividades de protección y búsqueda de soluciones que ACNUR considera prioritarias se estén viendo afectadas.

Los recortes de financiación también están socavando los esfuerzos para ayudar a las personas desplazadas a superar la dependencia prolongada de la ayuda humanitaria. En Chad, los medios de vida, la formación profesional y las oportunidades de emprendimiento de unas 395.000 personas refugiadas y miembros de las comunidades de acogida están en riesgo. En Irak, hasta 350.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo podrían perder el acceso a oportunidades de inclusión económica.

Estas mismas presiones afectan a las personas en un momento crítico: cuando intentan reconstruir sus vidas en sus lugares de origen, ya sea mediante un retorno voluntario o bajo presión. En Siria, 162.500 personas desplazadas internas en situación de vulnerabilidad y personas refugiadas retornadas no recibirán asistencia económica durante las primeras etapas de su retorno si no se obtiene rápidamente financiación adicional. Esto reducirá su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y reconstruir sus vidas en un momento decisivo para la recuperación del país. En Afganistán, las ayudas para la reintegración solo han llegado a 175 hogares en lo que va de 2026, frente a los 5.300 hogares alcanzados en 2024.

Al mismo tiempo, ACNUR tiene cada vez menos margen para destinar unos recursos cada vez más escasos allí donde más se necesitan. La proporción de financiación de ACNUR vinculada a actividades o proyectos específicos ha aumentado del 19 % en 2022 al 51 % en 2026.

«La financiación flexible nos permite trasladar los conocimientos especializados y los fondos adecuados allí donde más se necesitan», señaló Hyde. «Permite a nuestros equipos actuar con rapidez cuando cambian las necesidades, proteger servicios esenciales y mantener nuestra presencia sobre el terreno cuando las crisis se intensifican. Y, algo fundamental, nos permite responder a nuevas emergencias sin olvidar aquellas crisis que han dejado de ocupar los titulares».

ACNUR insta a los donantes y socios a proporcionar apoyo urgente y aumentar la financiación flexible para proteger los avances logrados, ayudar a las personas a superar su dependencia de la ayuda humanitaria y reconstruir sus vidas.