ACNUR pide inversiones urgentes ante el agravamiento de la crisis de desplazamiento en el Sahel Central

GINEBRA – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alerta del agravamiento de la crisis de desplazamiento en el Sahel Central, donde cerca de cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Burkina Faso, Malí y Níger. Entre ellas más de 818.000 refugiados y solicitantes de asilo. La cifra prácticamente duplica la registrada en octubre de 2020, cuando la región contabilizaba más de 1,7 millones de desplazados internos y 365.000 refugiados.

La crisis se ve agravada por los continuos ataques que afectan a la población civil, los fenómenos climáticos extremos y la grave falta de financiación humanitaria. La combinación de estos factores obliga a más familias a huir, socava sus medios de vida y limita las posibilidades de las personas desplazadas de reconstruir sus vidas, lo que provoca nuevos desplazamientos tanto dentro de la región como fuera de ella.

En Malí, la inmensa mayoría de los refugiados procede del vecino Burkina Faso. En Koro, en la región de Bandiagara, unos 86.000 refugiados burkineses habían encontrado refugio hasta julio de 2026, tras sucesivas oleadas de desplazamiento iniciadas en 2025. Entre ellos figuran más de 14.000 niños y 6.000 mujeres identificados como especialmente vulnerables. La población refugiada se acerca ya en número a la comunidad de acogida, lo que aumenta la presión sobre unos recursos de tierra y agua ya escasos, unos servicios sanitarios desbordados y unas oportunidades de subsistencia limitadas.

Los fenómenos climáticos extremos añaden presión a unas comunidades que ya afrontan el desplazamiento y la inseguridad. Las sequías recurrentes, las lluvias irregulares y las inundaciones alteran la producción agrícola, dañan viviendas e infraestructuras y dificultan el acceso al agua y a los medios de vida. Para las familias que dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería, estos fenómenos merman aún más su capacidad para subsistir.

Mientras se buscan soluciones políticas a largo plazo, es necesario reforzar de inmediato y de forma sustancial el apoyo a los refugiados, los desplazados internos y las comunidades que los acogen. Urgen más recursos para proteger a las personas más vulnerables, garantizar el acceso a los servicios básicos, incluida la educación, y ampliar las oportunidades de subsistencia. Todo ello se enmarca en la visión 50 by 35 de ACNUR, cuyo objetivo es promover la autosuficiencia y encontrar soluciones duraderas de aquí a 2035 para los refugiados en situación de desplazamiento prolongado.

En Koro, varias iniciativas de cooperativas agrícolas que reúnen a refugiados burkineses y miembros de las comunidades de acogida han permitido ampliar la superficie cultivada de 21 hectáreas en 2025 a 45 en 2026, con la consiguiente mejora de la producción de alimentos y de los ingresos familiares. En Kaya, en Burkina Faso, proyectos similares ayudan a los desplazados internos y a las comunidades de acogida a aumentar la producción de alimentos, reducir las pérdidas postcosecha y generar ingresos.

Estas iniciativas siguen siendo modestas frente a la magnitud de los desplazamientos, pero demuestran lo que puede lograrse cuando las personas obligadas a huir disponen de los medios necesarios para reconstruir sus vidas mientras se buscan soluciones a largo plazo. Para ampliar estos proyectos será necesario mantener la inversión, reforzar los sistemas nacionales, crear más oportunidades de subsistencia y apoyar tanto a la población desplazada como a las comunidades de acogida.

La crisis, además, se extiende cada vez más allá del Sahel Central. En 2026, casi 500.000 refugiados y solicitantes de asilo burkineses habían buscado protección en países vecinos, frente a los más de 300.000 registrados a finales de 2025. Muchos han huido a países costeros de África Occidental, entre ellos Benín, Costa de Marfil, Ghana y Togo. Más de 334.000 malienses viven asimismo como refugiados en otros países, mientras que más de 106.000 nigerinos figuran registrados como refugiados y solicitantes de asilo en Estados vecinos.

Para algunas personas, el desplazamiento no termina al llegar a un país vecino. Cuando no encuentran seguridad ni perspectivas de futuro, los refugiados pueden continuar su viaje, a menudo junto a migrantes, por rutas peligrosas hacia el norte de África y Europa. Esta situación pone de relieve las repercusiones regionales e internacionales de la inseguridad prolongada y de la falta de oportunidades en los países de origen y su entorno.

Para reforzar la protección y ofrecer soluciones a refugiados y migrantes a lo largo de las principales rutas de la región, ACNUR trabaja con gobiernos y organizaciones socias en la creación de centros de servicios polivalentes. Estos centros proporcionan información esencial, asesoramiento, derivación a otros servicios y asistencia básica.

Al mismo tiempo, la grave falta de financiación está debilitando la respuesta humanitaria justo cuando las necesidades no dejan de aumentar. En septiembre de 2026, la respuesta de ACNUR en el Sahel solo había recibido el 27% de los 329,6 millones de dólares necesarios, lo que obliga a tomar decisiones difíciles sobre qué servicios y actividades esenciales pueden mantenerse.

La falta de fondos afecta a labores fundamentales de protección y asistencia, como el registro y la documentación, el alojamiento, el acceso a los servicios básicos y el apoyo a los medios de vida. Las consecuencias van más allá de las necesidades humanitarias inmediatas. Sin asistencia suficiente ni oportunidades para alcanzar la autosuficiencia, refugiados y desplazados internos tienen cada vez más dificultades para rehacer sus vidas, mientras que las comunidades de acogida disponen de menos recursos para atender a una población creciente.

Con cerca de cuatro millones de personas desplazadas, ha llegado el momento de redoblar los esfuerzos, no de dar un paso atrás. Los Gobiernos, los socios para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales y el sector privado deben invertir desde ahora en protección, servicios, medios de vida y comunidades de acogida, al tiempo que mantienen el compromiso político necesario para abordar la inseguridad que provoca los desplazamientos.