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Unidades móviles de registro proveen documentos en las zonas de conflicto en Colombia

Historias

Unidades móviles de registro proveen documentos en las zonas de conflicto en Colombia

A UNHCR-supported project offers long-missing vital legal identity cards to many citizens in conflict areas of Colombia. [for translation]
28 May 2009
A UNHCR worker fingerprints a displaced Colombian during the documentation campaign in the Canyon de las Hermosas. [for translation]

CAÑÓN DE LAS HERMOSAS, Colombia, 18 de mayo de 2009 (ACNUR) – A la edad de 75 años, Delsa Suso Sánchez obtuvo su primer documento de identidad la semana pasada, gracias a una campaña de documentación móvil apoyada por el ACNUR.

Hasta entonces, Delsa nunca había tenido un certificado de nacimiento. En lo que al Estado se refería, ella no existía legalmente. Delsa nació en el Cañón de las Hermosas, una región montañosa de Colombia que ha estado bajo la influencia de la guerrilla por décadas. Debido al conflicto, las instituciones estatales no han tenido acceso a esta región rural y subdesarrollada ni han sido capaces de garantizar derechos y servicios básicos.

La semana pasada, una unidad móvil de la Registraduría Nacional, acompañada por el ACNUR, entró al Cañón de las Hermosas por primera vez al dar inicio a una campaña de documentación que se prolongará durante un mes.

"Nuestra presencia provee un símbolo de neutralidad internacional que ayuda a los organismos del Estado a alcanzar a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes viven en las áreas más conflictivas", explicó Jean-Noël Wetterwald, el Representante del ACNUR en Colombia, la semana pasada en el Cañón de las Hermosas.

Más de 700 mil documentos de identidad han sido expedidos desde el 2004, cuando el ACNUR empezó su cooperación con la Unidad para la Atención de Población Vulnerable de la Registraduría Nacional.

Con siete unidades móviles operando en las más difíciles y aisladas zonas del país, la Unidad ayuda a los grupos poblacionales más vulnerables, incluyendo a la población desplazada y a aquellos que se encuentran en riesgo de desplazamiento, así como a las comunidades indígenas.

Cada una de las siete unidades móviles de registro está equipada con computadores, equipos para tomar huellas digitales, cámaras y una antena satelital que conecta a la unidad móvil con la base de datos nacional en Bogotá. El proyecto es parte significativa de un esfuerzo nacional para garantizar el derecho constitucional que tiene cada ciudadano a la identidad.

Así como los derechos legales y el acceso a los servicios básicos, la documentación puede ser una cuestión de vida o muerte en las zonas de conflicto.

"Si no tiene un documento de identidad, usted es un sospechoso para todo el mundo" explica un hombre mientras espera su documento en la pequeña capilla de La Virginia, donde el equipo de registro se ha instalado. Él tuvo que salir de su finca al amanecer y caminar siete horas para llegar a la capilla, trayendo consigo a cinco niños, a su esposa y a su padre. Ninguno en la familia tenía cerificado de nacimiento, y él, especialmente, se sentía aliviado de poder registrar a sus tres hijos de 14, 12 y 10 años.

"Sin documentos, ellos ni siquiera existen legalmente. Ellos pueden ser reclutados y nunca habríamos podido probar que existieron", señaló. El reclutamiento forzado es un miedo constante para las familias en la región. Muchos prefieren huir y unirse a la inmensa población desplazada del país que vivir con el riesgo de perder a sus hijos. En algunos casos, la documentación puede servir para brindar alguna medida de protección.

El éxito de cada campaña depende enormemente de la cooperación de la comunidad local. El proceso puede ser lento y difícil. Para la expedición del certificado de nacimiento, la ley requiere de la presencia de dos testigos que ya posean un documento de identidad. Es un requisito muy sencillo, pero puede tornarse problemático en comunidades donde muy pocas personas tienen documentos previamente.

"Nuestro objetivo es brindar documentación expedita a las poblaciones más vulnerables e intentamos ser tan flexibles como la ley lo permita", explica Edison Stevens Chavarro, de la Registraduría. "Nosotros sabemos que las personas que no registremos hoy pueden no tener otra oportunidad de documentarse por un largo tiempo".

Al final de una mañana de espera, Delsa, la señora de 75 años, salió de la capilla con su certificado de nacimiento, su primera tarjeta de identidad y noticias que ella casi había dejado de esperar. El equipo de registro pudo verificar que sus dos hijos, con quienes ella había perdido todo contacto, todavía están vivos. Los dos huyeron del Cañón hace 18 años después de recibir amenazas de muerte. No han podido regresar ni dar ninguna noticia desde entonces.

Por Marie-Hélène Verney, en La Virginia, Tolima