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Quito: Conferencia Regional destaca plena vigencia del Plan de Acción de México

Historias

Quito: Conferencia Regional destaca plena vigencia del Plan de Acción de México

La Conferencia Regional Humanitaria sobre Personas Refugiadas y Desplazadas reunió a 130 representantes de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos.
15 November 2010
La Conferencia Regional Humanitaria sobre Personas Refugiadas y Desplazadas tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre de 2010 en Quito, Ecuador.

QUITO, Ecuador, 11 de noviembre (ACNUR) – "Por una vez nosotros vamos a tener voz también". Con esas palabras describía Ximena, refugiada colombiana reasentada en Brasil, el espíritu de la Conferencia Regional Humanitaria sobre Personas Refugiadas y Desplazadas celebrada en Quito los pasados 8 y 9 de noviembre.

En un esfuerzo conjunto sin precedentes de la sociedad civil de América Latina, el encuentro reunía a 130 delegados de organizaciones de la sociedad civil, iglesia, asociaciones de personas desplazadas y refugiadas, representantes de gobiernos y defensorías del pueblo de 15 países de la región para analizar la situación después de seis años de vida de la iniciativa regional de protección de los refugiados, el Plan de Acción de México y, con ello, reavivar los esfuerzos en materia de protección de refugiados, acrecentar el conocimiento en la región de sus realidades y poner de relieve los desafíos que se mantienen.

Como señaló el director de la División de Protección Internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Volker Türk, "Hay nuevas formas y causas internacionales de desplazamiento interno y externo a los cuales la región no está inmune, como la violencia urbana. Además, la discriminación y la xenofobia contra las personas en situación de desplazamiento es un problema enorme. Por ello, estamos atentos a lo que ofrece la sociedad civil contra la xenofobia no sólo en términos de prácticas sino también de esfuerzos en términos de legislación".

En palabras del comité de auspicio de la Conferencia, integrado por organizaciones como ACNUR, CODHES, el Consejo Noruego para Refugiados, Refugees International, el SJRM y la Pastoral de Movilidad Humana, el encuentro se perfila como una nueva experiencia de participación y cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, Estados y organismos internacionales para promover una agenda común y una acción positiva para la prevención del desplazamiento y la integración de los refugiados en sus países de acogida.

"Tienen plena vigencia la Declaración y el Plan de Acción de México, y por lo tanto, instamos a los gobiernos a hacer mayores esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y a adoptar los pasos que se requieran para hacer realidad la hoja de ruta de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas en la región, siguiendo la tradición de asilo de América Latina y el espíritu de la Declaración de Cartagena de 1984", señala la Declaración de Quito resultante de la Conferencia.

La integración de las personas refugiadas, la restitución a los retornados, los avances legislativos o la creación de espacios de discusión en foros regionales aparecen en una agenda que también será debatida en el Encuentro Internacional celebrado en Brasilia el 11 de noviembre.

Algunos de sus protagonistas nos explican su visión del encuentro.

Ximena Almansa, refugiada colombiana reasentada en Brasil.

¿Cómo fue su proceso de salir de su país y llegar a donde ahora vive?

Nosotros salimos de Cundinamarca, en Colombia, y solicitamos refugio en Ecuador. Pero necesitamos salir de Ecuador, y Brasil nos ofreció la oportunidad de reasentamiento en São Paulo. En parte fue difícil llegar a Brasil por el idioma, porque no sabían hablar español. Una ventaja es que uno recibe una casa, una ayuda para sostenerse durante un año mientras uno aprende el idioma.

Lo que más me ha costado es la soledad, estar sin la familia. Nosotros siempre fuimos muy unidos con nuestra familia. Allá estamos mi esposo y mis dos hijos. Y también debido a lo que supone ser refugiado reasentado. Ellos piensan que uno salió del país porque cometió algún crimen. Que uno está huyendo del país y no que uno es una víctima. De cierta forma lo tratan a uno con diferencia, tienen un concepto anterior de que el refugiado es un delincuente. Es difícil entrar en la sociedad.

¿Por qué ha venido a esta Conferencia a contar su experiencia?

Me pareció muy interesante porque por una vez nosotros vamos a tener voz. Me gustaría pedir para Colombia que ellos vean que el problema tiene que ser resuelto también internamente, que no sirve todo el mundo salir de Colombia para ir a otros países. Es difícil tener que salir del país donde uno nació, donde tiene sus raíces, sus amigos, tiene todo. Y de un momento a otro necesita salir. Y eso debe ser resulto internamente.

Rigoberto Jiménez, Coordinación Nacional de Desplazados en Colombia.

¿Cuál es la importancia de esta Conferencia regional a la que se suman como organización de desplazados?

El Plan de Acción de México es un avance hacia compromisos de la región en una agenda común sobre el tema de desplazamiento y refugio en nuestros países. La sociedad civil debe tener un papel fundamental en la búsqueda de la paz, debe llamar a los gobiernos de las regiones a sentarse juntos a buscar la paz en nuestros países.

¿Qué dificultades enfrentan como organización en la defensa de los derechos?

Las organizaciones sociales, los defensores de derechos no tenemos garantías, y los actores armados siempre están pendientes de lo que uno está haciendo. Por eso las organizaciones sociales debemos buscar puntos comunes, para presentarlos ante nuestros gobiernos. En la región debe haber una agenda común que nos facilite llegar a los países con una propuesta conjuntamente. Debe haber una agenda de los gobiernos que permita buscar una solución negociada al conflicto que se vive en Colombia.

¿Qué mensaje transmitiría a las personas refugiadas que están en otros países?

En primer lugar, la búsqueda de la organización de los hermanos donde estén y el respeto por los demás. Y de ahí, que puedan exigir el respeto a los derechos humanos a los gobiernos para las personas ya sean desplazados o migrantes.

Jorge Rojas, presidente de CODHES.

¿Cómo se gesta esta conferencia regional y por qué se plantea como necesaria?

Es muy importante que la sociedad civil asuma una iniciativa de formulación de propuestas y aún de políticas públicas sobre el tema de refugiados y desplazados en esta región del mundo. Los gobiernos lo han hecho una y otra vez, la sociedad civil acude a las citas de los gobiernos y presenta algunas iniciativas. Pero, en general se trata de tomar el protagonismo que corresponde a las organizaciones y asociaciones de personas refugiadas y desplazadas.

Por eso, después de la Conferencia de México empezamos a plantearnos la necesidad de convocar una reunión pero por iniciativa nuestra para los gobiernos. Y debo reconocer que al principio la propuesta no fue bien recibida. Algunos sectores indicaron que no podíamos convocar gobiernos y que los gobiernos no iban a participar. En el mejor momento de la convocatoria se llegó a considerar que si acudían 4 gobiernos sería todo un éxito.

Hoy tenemos 15 gobiernos, que en realidad eran 17 pero 2 por problemas de transporte no pudieron acudir. Pero esto indica que la capacidad civil tiene la capacidad de promover un diálogo horizontal con los gobiernos siempre y cuando esa sociedad civil entienda el nuevo escenario.

Después de que hace seis años se formulara el Plan de Acción de México, ¿qué avances se han logrado en materia de protección a los refugiados y qué retos se plantean aún en la región?

Seguimos en la idea de que se ha dado un avance normativo importante y un desarrollo conceptual significativo. Esta es la región en la que mejor se entiende el concepto de refugiado y creo que América Latina va a contribuir a la ampliación del concepto de refugiados y de desplazados para incorporar nuevas temáticas que hoy suceden en el mundo, asociado a desastres socio-naturales.

Pero, en la práctica creo que ha habido un retroceso. Hay un desconocimiento del tema de la Convención del Estatuto de los Refugiados. Pareciera que es un tema de hace 60 años atrás, que no hay refugiados en el mundo, entonces ya no hay que preocuparse de eso. Los desplazados se tratan de incorporar a algún tipo de migraciones. Eso es un retroceso, porque supone desconocer los derechos de las personas.

Por eso nosotros queremos insistir en ese punto: esta reunión tienen un enfoque de derechos, está pensada desde la lógica de los derechos. Y convencer a los derechos de esto es una necesidad.

Los gobiernos saben que vamos a monitorear. Y deben saber que no pueden sacar un plan de acción como el de México y después no hacer nada para saber si se está haciendo o no. Nosotros estamos haciendo ese seguimiento y parece que puede ser un buen papel de la sociedad civil.

La xenofobia y la discriminación de las personas refugiadas son grandes preocupaciones que ha sido destacado en el encuentro. ¿Qué elementos contribuyen a que crezcan estos comportamientos y cómo reducir su impacto?

Los gobiernos hacen grandes declaraciones para combatir la discriminación, pero hacen poco para que eso no ocurra. Al tiempo, los propios servidores del Estado terminan generando prácticas discriminatorias. En segundo lugar, hay una sociedad del miedo en la que el extranjero, el otro, el extraño, no es bien vito. Pero, son techos que parecieran que se convierten en una cotidianidad en las sociedades pero que no son tan ciertas. Porque si uno va a ver las comunidades de acogida en el Ecuador, ve que las puertas están abiertas, que los colombianos son bienvenidos.

Y el tercer aspecto es el de los medios de comunicación, que creo que es el más nocivo. Los medios de comunicación ayudan a crear un imaginario negativo frente a los refugiados, desplazados y migrantes en general. Creo que se puede trabajar ahí, porque los medios pueden contribuir a cambiar esa imagen siempre y cuando haya políticas en contra de quienes contribuyen con esas actitudes tengan un nivel de castigo social y un nivel de castigo judicial.

Gabriel Riaño, Defensoría del Pueblo de Colombia, coordinación sobre el desplazamiento forzado y fronteras.

¿Cuáles son los retos en el trabajo con refugiados y desplazados en un entorno específico de fronteras?

El mayor reto es no reconocimiento ni social ni institucional, a pesar de que hay mucha sensibilidad, en lo que respecta a las fronteras. Esas poblaciones que están viviendo pero también que se están ubicando en las fronteras como medida de protección. Ahí hay un reto. Ni las instituciones ni la sociedad está comprendiendo la necesidad de esas personas y entra a estigmatizarlas, a rechazarlas, y buscan que se muevan, regresen, y no estén más ahí.

¿Cuáles son esas necesidades particulares de las poblaciones refugiadas y desplazadas en ese contexto fronterizo, y que tiene características diferentes de los entornos urbanos?

Lo primero es efectivamente el acceso a derechos, acceso a una identidad, acceso a una documentación, tener la posibilidad de poner los hijos en un colegio, ingresar a recibir atención médica, la posibilidad de generar ingresos; que las autoridades de control de los Estados en la zona de frontera no se aprovechen precisamente de la situación irregular de estas personas, y les quiten los pocos fondos que puedan haber conseguido en algún trabajo en los que lo habitual no les paguen mucho.

¿Cuál es el papel que instituciones como las Defensorías del pueblo pueden tener en un contexto regional?

Es vital su aporte para la protección. Lo primero, trabajar con autoridades locales, con autoridades que controlan las fronteras en todas sus dimensiones. Pero también en una labor de promoción y divulgación de derechos de quienes se encuentran allí justamente en esas situaciones. Y precisamente allí en esas comunidades en las que se encuentran esas personas.

Jose Luis Guerra, Abogado de la Dirección Nacional de Protección y Derechos Humanos y de la Naturaleza de la defensoría del Pueblo de Ecuador.

¿Qué papel tiene una institución como la Defensoría del Pueblo en la defensa de derechos de las personas refugiadas y desplazadas?

El mandato de la Defensoría es amplio y es universal, y se manifiesta en la defensa de los derechos de todas las personas sin importar su condición de ningún tipo, donde las personas refugiadas son vulnerables y merecen una atención especial por parte de los organismos del Estado, principalmente de aquellos encargados de la defensa de los derechos humanos.

La Defensoría del pueblo tiene la obligación de denunciar cierto tipo de acciones y trabajar por la mejora del acceso a los derechos de estas personas.

En un ámbito regional, ¿crees que las defensorías del pueblo pueden tener un papel de liderazgo regional en la defensa de las personas refugiadas y desplazadas?

A nivel Latinoamericano, las Defensorías del Pueblo han manifestado su deseo y clara intención de ser este ente mediador entre las comunidades, las personas refugiadas o solicitantes de refugio, y el Gobierno cuya funcionalidad es el hecho de hacer que todas estas necesidades sean entendidas por parte del Estado. Y, más allá de eso, que todas estas necesidades se denuncien al Estado como tal.

Las Defensorías del Pueblo lo que pretenden es implementar las medidas de acción pertinente ya sea con la sociedad civil en aras de que sus derechos se vean garantizados de mejor manera.

¿Cuáles son los retos que para una protección de los derechos seis años después de la puesta en marcha del Plan de Acción de México?

Existe un largo camino por andar en relación al refugio aquí en el Ecuador. Las entidades públicas no conocen acerca de este tema, no saben de los derechos y de cómo hacer que estas personas accedan a estos derechos. Encontramos también que existen altos grados de xenofobia también dentro de la función pública que limita el acceso a derechos de estas personas. También encontramos que la aplicación de políticas y de investigación por parte del Estado es casi nula, y se ha tenido que recurrir a esfuerzos privados para poder comprender la situación dentro del país.

Entendemos que, si bien se han empezado a dar algunos avances en el tema de Ciudades Solidarias, Fronteras Solidarias, la integración de los gobiernos locales en esos temas todavía no es del todo eficiente y no ha logrado cambiar esa situación. Vivimos una situación en la que nos hemos preocupado del registro, pero no de los que sucede posterior a aquello, que es el ejercicio pleno a los derechos y el disfrute de una vida digna conforme a los lineamientos internacionales y lo que se pretende establecer en el Ecuador.

Sonia Aguilar, en Quito, Ecuador