Las amenazas de muerte y las enfermedades obligan a más venezolanos a huir

ACNUR hace un llamado a los estados para que le permitan a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela acceder a la protección, a medida que empeora la situación humanitaria y de seguridad en el país.

Euligio Báez, un líder warao de Venezuela, posa con su familia en Boa Vista, Brasil.   © ACNUR

José y Yurmi se apresuraron en tomar a su hijo de siete meses, empacar algo de ropa y caminar los pocos kilómetros que separan a Venezuela de Colombia. José, un doctor que trabajaba como voluntario con comunidades locales cerca de la ciudad venezolana de Barquisimeto, había sido notificado de una amenaza contra su vida.


“La persona a la que le pagarían por matarme era uno de mis pacientes más cercanos. Él dijo que hubiera aceptado los 790 dólares que le estaban ofreciendo por matarme si no estuviera tan agradecido conmigo por atender a su familia”, explicó José. “Es mucho dinero. Cualquier persona hubiera tomado esa oferta”.

La búsqueda de José y Yurmi por la seguridad los llevó a un albergue en Bogotá, Colombia, apoyado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Allí pasan algunas noches hasta poder regularizar su situación, pagar renta y asentarse en seguridad.

Actualmente hay cerca de 3,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el mundo, la gran mayoría se encuentra en América Latina y el Caribe. Debido al empeoramiento de la situación política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, considera que la mayoría de los que huyen del país necesitan protección internacional.

“La persona a la que le pagarían por matarme era uno de mis pacientes más cercanos”.

Debido al deterioro de las circunstancias, hoy ACNUR publicó sus notas de orientación actualizadas, haciendo un llamado a los países a que permitan que las personas venezolanas tengan acceso a sus territorios y destacando la importancia de asegurar el acceso a los procedimientos de asilo a quienes se ven forzados a huir para salvar sus vidas. La nota también recomienda a los países no deportar o devolver forzosamente a las personas venezolanas, ya que sus vidas podrían estar en peligro.

La nota de orientación incluye recomendaciones de cómo manejar los casos de personas como Juan Carlos, un venezolano de 28 años que trabajó durante tres años en el departamento de comunicaciones de una empresa propiedad del estado. Nunca imaginó que una entrevista con la prensa local que revelara las deficiencias en la oficina donde trabajaba podría ponerlo en grave peligro.

Cuando la entrevista fue publicada, él sufrió intimidación en su trabajo. “Me humillaron”, recuerda él. “Me trataban como si no valiera nada y me amenazaban con matarme, me obligaron a renunciar”.

Presionado por estas amenazas, Juan Carlos renunció a su trabajo, pero el hostigamiento y las amenazas de muerte no cesaron. Una noche, fue interceptado en su camino a casa por un grupo de individuos armados que lo atacaron y torturaron.

“La mañana siguiente, aún en estado de shock, presenté una denuncia. Nunca me dieron una copia”, dijo Juan Carlos. “Yo ya no era yo. Lloraba toda la noche, me sentía asustado sin importar dónde estuviera”.

Pero la situación empeoró cuando intentó obtener su certificado de nacimiento y descubrió que ya no aparecía en los archivos nacionales. “No había registro de mi existencia. No aparecieron ni el documento original ni la copia”.

Juan Carlos huyó a Ecuador, donde solicitó asilo. Él dice que todas las dificultades que ha pasado lo han hecho más fuerte. Ahora se ha enfocado en estudiar cine.

Más de 464.000 venezolanos como él han solicitado asilo en todo el mundo. Muchos más han podido obtener otros tipos de visas que brindan acceso a escuelas, sistemas nacionales de salud y el derecho a trabajar en otros países, la mayoría en Sudamérica. Sin embargo, muchos permanecen en una situación irregular sin un fácil acceso a la seguridad y la mayoría de ellos no pueden regresar a Venezuela en el corto plazo.

En la región, ACNUR está brindando apoyo operacional y asistencia técnica a los gobiernos para ayudarles a determinar el estatus legal de los venezolanos de manera efectiva y asegurar que tengan acceso a la protección internacional sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela.

“Los gobiernos de la región han sido generosos en su respuesta a la crisis de Venezuela, otorgándole la condición de refugiado a los venezolanos o permitiéndoles trabajar, estudiar y acceder a servicios básicos en su momento de necesidad”, dijo Renata Dubini, directora de ACNUR para las Américas. “A medida que la situación se agrava, deben continuar permitiendo que los venezolanos permanezcan sin temor a la devolución, y con los costos y otros requisitos reducidos donde sea necesario”.

El colapso de la atención médica también está impulsando a los venezolanos a salvar sus vidas, entre ellos Euligio Baes, un indígena Warao de 33 años de edad de Delta Amacuro en Venezuela, y padre de cinco hijos. Él abandonó las tierras ancestrales de Warao y se llevó a toda su familia a Brasil después de que murieran tres familiares.

“Las enfermedades se hacían más fuertes que nosotros. Me dije a mí mismo, o nos vamos o morimos”.

“Cuando mi hija de nueve meses murió debido a la falta de medicamentos, médicos o tratamiento, decidí sacar a mi familia de Venezuela antes de que otro de mis hijos muriera”, dice Euligio, en clara angustia. “Las enfermedades se hacían más fuertes que nosotros. Me dije a mí mismo, o nos vamos o morimos”.

Los niños y las niñas se ven particularmente afectados por la escasez de medicamentos y alimentos, y los informes del Ministerio de Salud de Venezuela muestran un aumento dramático en la mortalidad infantil.

Euligio explica que la decisión de abandonar sus tierras es especialmente difícil para los indígenas porque representa sus raíces. “Si mi tierra, Venezuela, no pasara por esta situación, nunca nos habríamos ido. Pensamos muchas veces en quedarnos pero cuando muchas personas empezaron a morir, una tras otra, fue la única opción que tuvimos”.

Él y su familia ahora viven en Boa Vista, Brasil, a unos 250 kilómetros de la frontera con Venezuela. Con el apoyo de ACNUR, socios gubernamentales y ONG, tres de los cinco hijos de Euligio estudian en la escuela local.

“Vivir en un albergue es totalmente diferente de lo que conocíamos. No hay mucho contacto con la naturaleza, tenemos que adaptarnos a la comida, a los hábitos locales, pero lo estamos haciendo para proteger a nuestros niños”, explica Euligio. “Sueño con el día en el que podremos regresar a nuestra tierra y tener a nuestros hijos a salvo nuevamente”.

(Con informes adicionales de Ilaria Rapido en Quito, Ecuador y Allana Ferreira en Boa Vista, Brasil. Escrito por Olga Sarrado Mur en Ciudad de Panamá)