Personas solicitantes de asilo expulsadas 'claman por ayuda' en el norte de México

Ana, una madre hondureña de 27 años, sostiene a su hija de tres años en brazos en un alojamiento improvisado para solicitantes de asilo en Tijuana, México.

Ana, una madre hondureña de 27 años, sostiene a su hija de tres años en brazos en un alojamiento improvisado para solicitantes de asilo en Tijuana, México.  © ACNUR/Tim Gaynor

Lorena*, hondureña y madre de tres hijos, recuerda cómo se subió a una balsa improvisada a orillas del Río Grande en México con sus dos hijos mayores, una niña de siete años y un niño de cuatro, para cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo.

Su esposo la siguió en una segunda balsa, con su hijo de un año en brazos. La Patrulla Fronteriza estadounidense lo atrapó y lo liberó, y ahora está en Tennessee con el bebé. Ella y sus dos hijos mayores también fueron aprehendidos, pero después de tres días de detención en el Valle del Río Grande, Texas, fueron trasladados en avión a San Diego, California, y expulsados a México en virtud del Título 42 de las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública.

Desde mediados de abril, la joven de 29 años vive en un albergue abarrotado en el salón de una iglesia de Tijuana, donde hasta 600 personas solicitantes de asilo y sus hijos duermen en literas y en colchones extendidos en el suelo; a muchas de estas personas se les negó el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos y fueron expulsadas a México.

“Estamos atascados. No podemos volver a casa y tampoco podemos seguir adelante. Estamos a la deriva”, comparte Lorena, sentada en una silla, reuniendo a sus dos hijos mayores con ella. “Es traumático. Es desesperante... No conozco este lugar. Es un país extraño... No tengo familia aquí”.

Lorena huyó de Honduras después de que una pandilla intentara reclutar por la fuerza a su hermano menor. Cuando denunciaron el delito a la policía, la pandilla amenazó con “cortarnos la lengua... y matarnos a todos”, recordó.

“Estamos atascados. No podemos volver a casa y tampoco podemos seguir adelante”.

Delgada y con los ojos vidriosos de tanto llorar, dice que a duras penas come y duerme en el albergue, donde el distanciamiento social es imposible. Sus hijos se han enfermado de fiebre en el lugar, donde hay un brote de piojos.

“Mira el estado en el que estamos. Estoy clamando por ayuda”, señaló. “Tenemos derecho a buscar refugio; dennos la oportunidad”.

Miles de solicitantes de asilo como ella viven en la incertidumbre, en albergues y campamentos improvisados por todo el norte de México, en ciudades desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Reynosa, sin poder seguir adelante y aterrorizados de volver a casa. 

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que, de acuerdo con los derechos humanos y las obligaciones internacionales, levante las restricciones del Título 42 que siguen vigentes en la frontera desde marzo del año pasado, y que restablezca el acceso al asilo para personas como Lorena, cuyas vidas dependen de ello.

En los últimos años, el programa de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha ayudado a más de 10.000 personas refugiadas a empezar de nuevo en zonas más seguras de México en trabajos formales con todas las prestaciones, incluida la atención médica. Sin embargo, para muchas personas, como Lorena, esto significaría separarse permanentemente de su esposo y su hijo menor.

Otras personas están aterrorizadas después de haber sido secuestradas y asaltadas por grupos criminales cuando cruzan México en busca de seguridad, entre ellas, Ana, una madre hondureña.

Escapando de las amenazas de las pandillas en su país, la joven de 27 años y su hija de tres se dirigían a Estados Unidos, donde tienen familiares, utilizando los servicios de un “coyote” (traficante de personas). En Monterrey, al norte del país, fueron secuestradas a punta de pistola.

“Tenían armas: pistolas y rifles. Entraron en el almacén donde nos tenían y nos ataron”, comentó apretando las manos en la espalda. Un familiar en Estados Unidos pagó el rescate de 5.000 dólares (USD), y una semana después sus secuestradores las liberaron “descalzas, sin ropa, sin dinero”.

Después de cruzar a Texas, fue detenida por la Patrulla Fronteriza, trasladada en avión a San Diego y deportada a Tijuana sin poder solicitar asilo, como esperaba. Ahora vive en un albergue informal que no tiene puerta de seguridad ni guardia.

“Necesitamos una solución. Estoy muy lejos de mi país y de mi familia”, señala mientras su hija se retuerce en su regazo. La niña, dice, se ha vuelto inquieta y se muerde las uñas. “Estamos totalmente desprotegidas, a la misericordia de Dios”.

Los riesgos a los que se enfrentan quienes cruzan el norte de México de manera informal se comprendieron a cabalidad a principios de este año cuando investigadores identificaron los cuerpos de 14 personas migrantes guatemaltecas que fueron asesinadas a tiros, quemadas y arrojadas a una fosa clandestina en el noreste del estado de Tamaulipas.

“Me gustaría ver a mis hijos en el parque, comiendo un cono de helado”.

En su declaración, Grandi advirtió que las miles de personas expulsadas de Estados Unidos se enfrentan a “graves consecuencias humanitarias” en el norte de México. Animó a la administración estadounidense a reforzar su sistema de asilo y a “diversificar las vías seguras para que las personas solicitantes de asilo no se vean obligadas a recurrir a cruces peligrosos facilitados por grupos de tratantes”.

Para la guatemalteca Mirna, madre de dos hijos, la ayuda no puede llegar lo suficientemente rápido. Víctima de violencia física y sexual por parte de su pareja en Guatemala, la joven de 24 años intentó reunirse con su madre en Los Ángeles en mayo, pero fue detenida y expulsada. Secuestrada por un taxista al llegar a Tijuana, ahora vive atemorizada en el albergue. “Con lo que nos pasó aquí, no es seguro”, expresa.

Al otro lado de la ciudad, en otro albergue gestionado por las autoridades mexicanas, Darío, un padre hondureño de dos niños pequeños, y su esposa, también han vivido un calvario de amenazas de muerte por parte de las pandillas en su casa, el secuestro en el norte de México, la expulsión de Estados Unidos y la confusión de una vida en la incertidumbre. Su visión es sencilla y conmovedora.

“Me gustaría ver a mis hijos en el parque, comiendo un cono de helado, sin preguntarme si alguien viene a matarlos”, compartió. “Eso es todo lo que pedimos”.

*Los nombres de las personas solicitantes de asilo han sido cambiados por razones de protección.