Ante la escalada de violencia en Mali, ACNUR emite nuevas directrices de protección

El siguiente contenido corresponde a las declaraciones formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

Ante el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Mali, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, insta a los Estados a brindar protección a las personas que huyen de las zonas afectadas por el conflicto.

Si bien no todos los malienses estarían en necesitad de protección internacional, muchas personas de la región norte (Tombuctú, Gao, Kidal, Taoudenni y Menaka), la región central (Mopti), algunas zonas de la región sur (Koulikoro, Ségou y Sikasso) y las zonas fronterizas con Níger y Burkina Faso, podrían necesitar asilo.

La violencia continua entre grupos armados y los enfrentamientos entre comunidades continúan afectando el norte de Mali, habiéndose extendido ahora a otras regiones. Algunos grupos armados vinculados a la Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA) y la Plataforma, una coalición de milicias más o menos organizada, no han respetado el Acuerdo de Paz y Reconciliación en Mali de 2015. El conflicto se ha agudizado aún más por los grupos extremistas islamistas.

La continua inseguridad ha debilitado la autoridad de las instituciones estatales en algunas partes del país, particularmente en las regiones norte y central. Civiles, políticos, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad están siendo objeto de ataques y asesinatos. Cerca de 200 efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz han sido asesinados desde 2013, convirtiéndola en la operación de mantenimiento de la paz más mortífera en el mundo. Las personas que colaboran con las fuerzas de defensa nacional o internacional se convierten también en objetivo de los ataques.

Las poblaciones locales, particularmente en las regiones centrales, denuncian violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias. Los traficantes y contrabandistas operan con total impunidad.

La crisis ha tenido un efecto devastador y desproporcionado sobre los niños y niñas, que están siendo reclutados por la fuerza por grupos armados, secuestrados y asesinados. A más de 285.000 niños y niñas se les ha privado del acceso a la educación debido al cierre de escuelas, principalmente en la región de Mopti. Las niñas están sufriendo violaciones y agresiones sexuales.

El acceso humanitario está severamente restringido, creando dificultades significativas para proporcionar un acceso adecuado a servicios de salud, agua y saneamiento. La sequía y la desertificación en el Sahel también han exacerbado la ya escasa disponibilidad de alimentos.

Se estima que 3,4 millones de malienses necesitan asistencia humanitaria, de los cuales aproximadamente 2,9 millones se encuentran en zonas del país afectadas por el conflicto en curso. Asimismo, casi 140.000 refugiados malienses se han visto obligados a huir a países vecinos desde 2013, principalmente a Burkina Faso, Mauritania y Níger.

En este contexto, ACNUR insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Mali. Ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa a Mali, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la situación de seguridad, el estado de derecho y los derechos humanos hayan mejorado significativamente en Mali.

 

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