ACNUR salva vidas en la frontera entre Colombia y Ecuador
ACNUR salva vidas en la frontera entre Colombia y Ecuador
Paola* tuvo que huir de su ciudad natal debido a persecuciones de grupos armados y pandillas. En Ecuador cuando encontró la protección que necesitaba para reconstruir su vida.
Paola* tiene 47 años y es una de los miles de personas refugiadas colombianas que viven en Tulcán, en la provincia del Carchi, Ecuador, en la frontera con Colombia. A esta provincia, en los últimos años han llegado más de 23.600 personas desplazadas por la fuerza, cerca del 13% del total de su población.
A pocos kilómetros de Tulcán se encuentra el Puente Internacional de Rumichaca, principal punto de control migratorio y comercial entre Colombia y Ecuador. Por este punto fronterizo transitan a diario entre 5.000 y 8.000 personas en ambas direcciones. Por ahí transitó también Paola, como tantas otras personas obligadas a dejarlo todo atrás.
Son más de 500 kilómetros de frontera con cientos de pasos informales por donde miles de personas están expuestas a redes de trata y tráfico, distintas formas de violencia y al riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados no estatales.
Solo en 2025, Migración Colombia estimó que más de 123.000 personas transitaron en situación irregular por esta frontera. Las cifras podrían ser aún más altas: según el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador, hasta 244.100 personas podrían haber cruzado la frontera entre Ecuador y Colombia en el mismo período.
ACNUR respalda el punto de atención de la Defensoría Pública en el Puente Internacional de Rumichaca, donde personas que cruzan la frontera reciben asistencia legal para acceder a la protección y a derechos esenciales.
Luego de cruzar la frontera, Paola* encontró la protección que necesitaba para reconstruir su vida.
Con el apoyo de ACNUR y donantes como ECHO, personas refugiadas acceden a asilo y asistencia básica en Ecuador.
En este complejo contexto, las operaciones de ACNUR en Colombia y Ecuador complementan el trabajo de los gobiernos nacionales y locales, facilitando el acceso de personas refugiadas y personas desplazadas internas a protección apoyándoles para que puedan reconstruir sus vidas, lejos de la violencia que las obligó a dejar sus hogares.
“En la frontera hemos identificado casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, en riesgo de apatridia y de reclutamiento, así como personas desplazadas por factores climáticos que necesitan protección”, asegura Carolina Pérez, jefa de la Oficina de ACNUR en Pasto. “También llegan sobrevivientes de violencia de género, familias en tránsito, y víctimas del conflicto armado”.
Espacios de protección
La historia de Paola* y su hijo de 5 años ilustra esta situación. Tras recibir amenazas contra su vida en Colombia, ambos se vieron forzados a dejar su hogar y buscar protección en Ecuador.
“Cuando ven a una mujer sola, madre, cabeza de hogar, quieren obligarla a tener una relación con ellos”, cuenta Paola. “Me tocó irme. Primero tuve que desplazarme cinco veces de una ciudad a otra en Colombia”.
Finalmente, Paola* cruzó la frontera y llegó a Tulcán. Su primer punto de contacto fue el Espacio de Apoyo Integral, apoyado por ACNUR: “recibí ropa, alimentación y albergue temporal, además de orientación legal para solicitar asilo y acceder a un apoyo económico para cubrir mis necesidades básicas”.
Jóvenes en tránsito reciben atención de asistente de terreno de ACNUR en el Punto de Atención y Orientación (PAO) del puente internacional de Rumichaca.
Niña venezolana en espacio lúdico habilitado en la jornada de atención del Punto de Atención y Orientación PAO de la población refugiada y migrante en Ipiales, Colombia.
Madre venezolana y su bebé reciben atención en jornada de atención del Punto de Atención y Orientación PAO de la población refugiada y migrante en Ipiales, Colombia.
Personal de ACNUR durante una brigada móvil de registro y protección para identificar a personas refugiadas y brindar asistencia según sus necesidades más urgentes.
“Las personas huyen de Colombia y llegan a Ecuador huyendo de amenazas, violencia, reclutamiento forzado y expropiación de tierras”, comenta Patricia Rosero, jefa de la oficina de ACNUR en Tulcán. “Muchos son líderes o lideresas comunitarias, así como sobrevivientes de violencia de género, de trata y otras formas de violencia”.
Solo en el departamento fronterizo de Nariño, Colombia, en 2025 se presentaron al menos 33 emergencias humanitarias (entre desplazamientos internos y confinamientos) que afectaron a más de 12.000 personas, según el monitoreo de ACNUR.
Forzadas a huir de la violencia, personas desplazadas internas y refugiadas en ambos lados de la frontera enfrentan situaciones de vulnerabilidad y precariedad. Requieren protección, asistencia y apoyo para encontrar soluciones duraderas.
En 2025, del lado colombiano, ACNUR atendió a más de 1.800 personas en el Punto de Atención y Orientación (PAO) de Rumichaca. Estas personas recibieron información legal, acceso a rutas de protección, apoyo para alojamientos temporales, y servicios de salud, entre otros.
Frente a las frecuentes emergencias, el trabajo coordinado a través de la frontera, asegurando respuestas efectivas, es más importante que nunca. A pesar de los recortes de financiamiento al sector humanitario, ACNUR continúa trabajando con los gobiernos nacionales, locales, países donantes, otras agencias de Naciones Unidas y de la sociedad civil para mantener su presencia y apoyo.
Garantizar derechos en Rumichaca: una respuesta binacional a la movilidad humana
Cruzando Rumichaca hacia el lado ecuatoriano, el punto de atención de la Defensoría Pública, apoyado por ACNUR, brinda soporte a las personas refugiadas que llegan a Ecuador.
“Tenemos un área establecida y unificada para movilidad humana. Está asignado un defensor público y juntamente con ACNUR articulamos acciones para garantizar los derechos de las personas refugiadas”, señala Víctor Villagómez, director provincial de la Defensoría Pública de Carchi.
Elaida, refugiada venezolana que vive en Ipiales, Colombia, desde hace cinco años.
Con el apoyo de la Unión Europea, ACNUR realiza brigadas móviles de registro y protección para identificar a personas refugiadas y a otras que necesitan protección internacional, y así poder ofrecerles la ayuda que requieren de manera urgente.
ACNUR respalda el punto de atención de la Defensoría Pública en el Puente de Rumichaca, donde personas refugiadas reciben asistencia legal para acceder a protección y derechos.
En 2025, la Defensoría Pública atendió a más de 645 casos de personas o familias en los puntos de atención de Rumichaca y del Espacio de Apoyo integral.
Estas intervenciones son posibles gracias al cofinanciamiento de la Unión Europea. Su apoyo permite brindar una respuesta eficaz que garantiza el acceso a derechos de las personas que cruzan la frontera en busca de protección. Este apoyo continuo le permite a ACNUR monitorear los movimientos de personas para detectar de manera temprana los riesgos que enfrentan y activar respuestas inmediatas.
Como reflejo de la crisis prolongada en esta zona, la ciudad de Ipiales, en Colombia, durante los últimos años ha acogido a más de 14.000 víctimas históricas del conflicto armado y a 17.000 personas venezolanas con necesidad de protección internacional.
El testimonio de Elaida, refugiada venezolana que vive en Colombia desde hace cinco años, relata esta realidad.
“Tengo un salvoconducto que me ha permitido regularizarme en Colombia y estoy a la espera de mi visa como refugiada”, dice Elaida. “Durante este proceso he recibido todo el acompañamiento necesario. Aún tengo dificultades, no puedo tener una cuenta bancaria ni trabajar regularmente. Me siento acogida en la comunidad. Por eso me esfuerzo todos los días para aportar con mi trabajo al país que hoy me brinda nuevas oportunidades”.
Mientras miles de personas siguen caminando entre Ecuador y Colombia, la misión de ACNUR permanece firme: salvar vidas para quienes tuvieron que huir de sus hogares puedan reconstruir sus vidas y aportar a sus comunidades de acogida.
* Nombre cambiado por motivos de protección.
