El Salvador: ACNUR saluda esfuerzos de Asamblea Legislativa para construir una ley especial sobre desplazamiento forzado interno

El evento "Foro para el Diseño de un Marco Legal de Protección de Personas Desplazadas Internamente: Intercambio de Experiencias de Honduras y Colombia" contó con la participación de representantes de instituciones de Gobierno de El Salvador, diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y funcionarios de ACNUR.  © Roberto Ayala/Cortesía Asamblea Legislativa de El Salvador

SAN SALVADOR – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, saluda los esfuerzos que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa está llevando a cabo para la construcción de una ley que atienda la situación de desplazamiento forzado interno en El Salvador. De acuerdo a estimaciones de ACNUR, basadas en un informe oficial del Gobierno, existen aproximadamente 71.500 personas desplazadas internamente en el país.

Con la realización del evento “Foro para el Diseño de un Marco Legal de Protección de Personas Desplazadas Internamente: Intercambio de Experiencias de Honduras y Colombia”, la Asamblea Legislativa, con el apoyo de ACNUR, sostuvo un espacio de trabajo para discutir los estándares internacionales para responder al desplazamiento forzado interno, realizar un análisis comparativo sobre las experiencias de países en la región, y conocer los estándares mínimos presentados por el Grupo Gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones de Gobierno de El Salvador.

En el marco del Pacto Mundial sobre Refugiados, el ACNUR apoya tanto a los países de acogida como a los países de origen en la implementación de respuestas integrales de protección para personas desplazadas, con el involucramiento de diversos actores de la sociedad y con un enfoque regional. Este tipo de intercambio experiencias entre países contribuye a la aplicación de este pacto, atendiendo las causas subyacentes del desplazamiento forzado.

“El ACNUR trabaja  dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales nacionales para que las políticas, prácticas y leyes cumplan con los estándares internacionales que den respuesta al desplazamiento interno. En este sentido, el ACNUR expresa su disposición para apoyar todos los esfuerzos orientados a diseñar y fortalecer los marcos normativos y legales que garanticen los derechos humanos de las personas desplazadas internamente. Nuestra experiencia de trabajo sobre el tema en diferentes países, incluyendo países de Latinoamérica como Colombia y Honduras, nos permite contribuir al proceso de manera sustantiva para garantizar que las respuestas contemplen los estándares de la comunidad internacional” dijo Elisa Carlaccini, Jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en El Salvador.

La Asamblea Legislativa ha recibido tres propuestas de ley para proteger y atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Las iniciativas han sido presentadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia y la organización Cristosal. Durante el evento, ACNUR expresó su apoyo para realizar un análisis técnico de las propuestas y asesorar sobre los estándares internacionales como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los cuales tienen como objetivo tratar las necesidades específicas de las personas desplazadas internamente alrededor del mundo, mediante la determinación de los derechos y garantías necesarias para su protección.

En esta misma línea, el Presidente de la Comisión, diputado Mario Tenorio, expresó la necesidad de estudiar las tres iniciativas que han sido presentadas, con el propósito  de poder contar con un marco legal que responda al desplazamiento forzado causado por las pandillas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador se encuentra comprometida a trabajar con instituciones del Estado, de la sociedad civil y con la población afectada para hacerle frente a la situación de desplazamiento forzado  en el Norte de Centroamérica y para conocer de cerca los desafíos que tiene la población que se moviliza por diferentes causas, incluyendo  por la persecución que sufren las personas a causa de las pandillas y el crimen organizado.