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Proyecto para brindar asesoría jurídica sobre el derecho a la documentación de las personas desplazadas internas en Mozambique

Comunicados de prensa

Proyecto para brindar asesoría jurídica sobre el derecho a la documentación de las personas desplazadas internas en Mozambique

21 Febrero 2021
Una mujer desplazada (izquierda) recibe asesoría en una de las clínicas jurídicas en el vecindario de Josina Machel, en Pemba, al norte de Mozambique.

CABO DELGADO, Mozambique – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se asoció con la Universidad Católica de Mozambique para implementar un proyecto piloto con el que se busca brindar asesoría jurídica a las personas desplazadas en el país.

El proyecto – que ahora se está desarrollando en Josina Machel, un vecindario en Pemba – ofrece apoyo y asesoría jurídica a las personas desplazadas internas y a las comunidades de acogida sobre cuestiones relacionadas con el registro de nacimientos y documentación jurídica.

“Esta labor es importante porque la situación en Cabo Delgado es grave”, señaló Bianca Gerente, coordinadora del proyecto y decana de la universidad. “Estamos brindando un servicio a la comunidad y ayudamos a las personas que perdieron todo, incluso su identidad y su dignidad. Muchas personas desplazadas no conocen sus derechos, así que es crucial proporcionarles este tipo de información”.

La situación humanitaria en la provincia de Cabo Delgado se sigue deteriorando; en consecuencia, más de 530.000 personas desplazadas internas se encuentran desperdigadas a lo largo y ancho de Cabo Delgado y de otras provincias vecinas, como Nampula, Niassa y Zambezia. La situación se agravó a causa del subdesarrollo, de los incesantes golpes del clima y de la propagación de enfermedades en la región. 

Familias enteras huyen de la violencia en la zona norte del país; se trasladan con muy pocas pertenencias (en algunos casos, ninguna); y apenas logran sobrevivir. El desplazamiento forzado de muchas familias ha provocado la pérdida o destrucción de registros oficiales y documentos personales; por tanto, muchas personas no pueden acreditar su identidad. Esta situación puede traer graves consecuencias en lo individual y en lo colectivo, con inclusión de restricciones en la movilidad, acceso limitado a la asistencia vital, exposición al acoso u hostigamiento y detención o arresto arbitrario.

Con el proyecto piloto se pretende apoyar a 10.000 personas desplazadas internas y población de acogida en el transcurso de dos meses.  Hasta el momento, más de 7.000 personas se han acercado a las clínicas jurídicas, donde dos profesionales del derecho prestan servicios pro bono junto con estudiantes del área, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3 p. m.

Cientos de personas se forman cada mañana para recibir asesoría jurídica. La mayor parte son mujeres, niñas y niños que huyeron de los ataques armados en los distritos de Quissanga y Macomia, al norte de Cabo Delgado. 

Las problemáticas principales incluyen falta de actas de nacimiento y de credenciales de identificación, así como el registro de muertes y matrimonios o cualquier otro cambio en el estado civil de una persona.

“Abandonamos nuestro hogar hace apenas un día; salimos con muy pocas cosas porque teníamos que recorrer muchos kilómetros. Ahora estamos en una aldea nueva, en otro distrito, sin saber qué hacer”, explicó Martiza, una mujer desplazada, madre de dos, mientras hacía fila para recibir asesoría jurídica.

Martiza espera que el apoyo legal que le brinden le ayude a seguir adelante.

“El apoyo legal nos ayudará a recuperar nuestra identidad, a recibir asistencia humanitaria y a reclamar nuestro territorio. Sentimos que somos personas otra vez”, añadió.

La falta de documentación en un contexto de este tipo puede empeorar la situación de las personas desplazadas. Cuando una persona se ve obligada a cruzar fronteras o a desplazarse de su propio país, si no cuenta con documentos de identificación, no puede trasladarse de forma segura. La niñez que ha sido separada de su madre y/o padre, y que no cuenta con documentos de identificación puede ser objeto de trata. Además, se dificulta el acceso a bienes y servicios – como la atención médica y la educación – que facilitan la autosuficiencia y la integración en la comunidad de acogida. Las personas desplazadas pueden también sufrir discriminación, ser sometidas a interrogatorios al azar o enfrentar abuso por parte de las fuerzas del orden.  

“El sentido de humanidad es la enseñanza que nos deja esta situación. Brindar protección a las personas desplazadas constituye un esfuerzo esencial y colectivo: podemos luchar contra la adversidad de manera conjunta y crear un entorno seguro para ellas”, señaló Angele Dikongue-Atangana, Directora Adjunta de la Oficina de ACNUR para el Sur de África.

Para obtener más información con respecto a este tema, contacta a: