75 años de vidas transformadas

Fortalecimiento del cumplimiento y el compromiso con la Convención de 1951 y otros instrumentos del derecho de los refugiados. Esto incluirá la defensa de la adhesión, la eliminación de reservas, la orientación normativa (el proyecto del Manual) y estrategias y programas basados en datos empíricos (Refworld y RiMAP).

Mejorar la equidad, la eficiencia, la adaptabilidad y la integridad de los procedimientos e instituciones de asilo para garantizar el acceso a la protección internacional y a los sistemas nacionales de prestación de servicios, al tiempo que se mantiene la confianza pública en los sistemas de asilo.

Fortalecer la protección y las soluciones duraderas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que se desplazan en el marco de movimientos mixtos y de reubicación mediante enfoques basados en rutas, acciones coordinadas a lo largo de las mismas y respuestas políticas legales y predecibles que reduzcan la exposición a la trata, la violencia, la detención, la pérdida de vidas y la devolución, al tiempo que se amplía el acceso a protección y a soluciones sostenibles.

Garantizar que los sistemas de asilo sigan siendo accesibles, creíbles y resilientes en contextos de mayor presión en materia de seguridad, orden público y geopolítica, y que los retos de seguridad se gestionen de manera que se respeten los principios de protección internacional, se salvaguarde el acceso al asilo y la no devolución, y se preserve el carácter civil y humanitario del asilo.

Fortalecer las alianzas para la protección con los Estados, las personas desplazadas por la fuerza y apátridas, y las organizaciones que estas dirigen (incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres refugiadas), la sociedad civil, los parlamentarios, las ciudades, el poder judicial, la academia, los agentes del desarrollo, los socios del sector privado y la ONU, centrándose en los principales riesgos de protección, como la trata, la devolución, la detención, y la protección frente a la violencia y la explotación.

Ampliar el acceso de la población refugiada a vías seguras y legales de protección y soluciones a través de la movilidad laboral, las vías de acceso a la educación, el patrocinio y la reunificación familiar, preservando y fortaleciendo al mismo tiempo el reasentamiento como una herramienta de protección distinta y vital, y como un mecanismo fundamental para el reparto de responsabilidades.

Fortalecer los sistemas nacionales que sean inclusivos con las personas refugiadas y eliminar las barreras a su autosuficiencia y al disfrute de derechos habilitadores, entre ellos el derecho al trabajo, a la libertad de circulación y a la posesión de documentos de identidad y de viaje fiables, con el fin de respaldar todas las vías hacia soluciones duraderas.

Intensificar el apoyo previsible y basado en principios a la repatriación voluntaria y la reintegración, al tiempo que se cataliza el apoyo político, jurídico y socioeconómico para crear condiciones propicias en los países de origen.

Aprovechar todo el potencial de la integración local facilitando de forma proactiva el acceso a la nacionalidad del país de acogida, mitigando los riesgos de apatridia en situaciones de asilo prolongado – u otras opciones de residencia permanente legal –, combinado con el acceso a pruebas de nacionalidad de los países de origen, incluso aprovechando los marcos regionales de movilidad.

Garantizar la participación significativa de todas las personas desplazadas por la fuerza y apátridas, involucrándolas en las decisiones que afectan a sus vidas y apoyando su capacidad para identificar, mitigar y abordar los riesgos de protección, incluso mediante el apoyo directo a las organizaciones dirigidas por personas refugiadas, y para buscar sus propias soluciones.