Discurso de Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela

(SALUDOS)

Como se resaltó en las palabras de apertura de los distinguidos oradores, la región de América Latina y el Caribe se enfrenta a una situación de refugiados y migrantes sin precedentes, cuyo impacto se extiende por gran parte del hemisferio.

La magnitud, el alcance y la complejidad de la actual crisis tienen varias implicaciones a nivel mundial, incluyendo al continente europeo, y también pueden suponer riesgos para la estabilidad de la región, lo que evidencia aún más la necesidad de una respuesta coordinada, con el firme apoyo de la comunidad internacional.

Es en este contexto que me gustaría aprovechar la oportunidad para explicar con más detalle la situación actual en términos de necesidades y desafíos. Además, me gustaría destacar los principales elementos de la respuesta hasta la fecha, así como las oportunidades en las que el apoyo internacional puede desempeñar un papel crucial en el apoyo colectivo a los refugiados y migrantes de Venezuela y a los Gobiernos y comunidades que los reciben.

Mediante un entendimiento común de la situación, estoy convencido de que podemos comprender mejor las necesidades y oportunidades existentes y fortalecer más eficazmente el apoyo internacional en todas sus formas posibles.

Es importante mencionar que esta conferencia no es un evento aislado. Es parte de un esfuerzo concertado y coordinado, en múltiples frentes, para apoyar y fortalecer la respuesta regional y el apoyo internacional para ese fin. Como lo demostrarán las diversas intervenciones de hoy y mañana, la actual crisis requiere una respuesta integral y sostenida, para la cual esta conferencia constituye un hito importante que forma parte de un proceso continuo más amplio. 

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Actualmente, los socios que participan en la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, en coordinación con las contrapartes y las autoridades gubernamentales a nivel nacional, están ultimando el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 2020. La magnitud de las necesidades que, mediante evaluaciones y consultas multisectoriales y coordinadas, se identificaron para el próximo año, es un contundente recordatorio de que la crisis actual no ha mermado y que los desafíos en 2020 serán aún mayores que los que se afrontaron en 2019.

Para el próximo año, proyectamos que el número total de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo pasará de 4,5 millones a 6,5 millones, de los cuales casi el 85% se encontrará en la región. A esta cifra se suman los movimientos pendulares de millones de personas que tienen que cruzar las fronteras para satisfacer sus necesidades básicas, personas en tránsito, así como personas retornadas de Venezuela a sus países de origen.

Mientras la respuesta humanitaria continúa, es importante concentrar la atención no sólo en las necesidades persistentes, sino también en el aumento de las vulnerabilidades de la población que hace parte de estos flujos incesantes.

En la actualidad, no hay perspectivas claras de que cese este flujo masivo de población y, como ha claramente subrayando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es especialmente preocupante el creciente número de refugiados y migrantes en situaciones de mayor vulnerabilidad. La gran mayoría de estas personas está tratando de satisfacer sus necesidades básicas y conseguir oportunidades de integración local y autosuficiencia, mientras que muchas de ellas necesitan protección internacional.

Las necesidades actuales incluyen graves riesgos de explotación y abuso, en particular, la violencia de género, así como la separación familiar, especialmente en el caso de niños y niñas no acompañados y separados. La situación de los caminantes es particularmente preocupante, dadas las largas distancias y los múltiples riesgos de protección enfrentados por las personas que cruzan grandes partes del continente. Ante los crecientes niveles de xenofobia, las necesidades de la población refugiada y migrante son aún más pronunciadas, ya que las perspectivas de integración local se ven afectadas por obstáculos sociales y culturales adicionales.

Menciono esto para subrayar tanto la magnitud como algunas de las complejidades de la actual crisis. Las necesidades generadas por la crisis son multifacéticas y cambiantes y, por lo tanto, requieren una respuesta coordinada e integral.

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Como es de conocimiento de muchos de los participantes de la región, los desafíos enfrentados por los socios y especialmente por los Gobiernos de la región son enormes.

En toda la región, sectores específicos como salud, educación y empleo, por nombrar unos pocos, se ven particularmente afectados por la llegada de refugiados y migrantes, y sufren importantes repercusiones en términos de recursos nacionales para atender las necesidades básicas.

El impacto en los países de toda la región, y los esfuerzos y recursos necesarios para atender las necesidades inmediatas y de largo plazo, ayudan a explicar las inmensas presiones sobre los Gobiernos de los países de acogida, como muchos seguramente explicarán con más detalle en el transcurso de la conferencia. Estas presiones con frecuencia adoptan múltiples formas y operan en paralelo, yendo desde la sobrecarga en los servicios y presupuestos públicos hasta las opiniones y actitudes públicas negativas hacia la población venezolana, incluyendo un aumento de los incidentes de xenofobia y discriminación.

A raíz de ello, como hemos visto en varias partes de la región, se han introducido recientemente requisitos de entrada nuevos o revisados para los refugiados y migrantes venezolanos como reacción a estas presiones. En la práctica, estos requisitos son difíciles de cumplir para las personas venezolanas debido a la falta de documentación. Esto aumenta la probabilidad de que muchas de ellas deban recurrir a rutas irregulares y se vean expuestas a las vulnerabilidades asociadas con los movimientos y el estatus irregulares, además de aumentar la presión sobre otros países de la región, en particular Colombia.

Para mitigar los riesgos para los refugiados y migrantes y el impacto secundario en los países vecinos, se requieren mecanismos flexibles, prácticos y sensibles a la protección, implementados en coordinación con otros Gobiernos de la región.

Además, estas dinámicas refuerzan la necesidad de una mayor consideración e inversión en las comunidades que acogen a los refugiados y migrantes, muchas de las cuales tienen sus propias necesidades preexistentes y poblaciones vulnerables, que no se pueden ignorar.

Todo ello requiere un mayor apoyo de la comunidad internacional para los múltiples sectores afectados.

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A pesar de la magnitud de los desafíos ya mencionados, cuyo listado no pretendió ser exhaustivo, es importante destacar los elementos clave de la respuesta regional. Los Gobiernos y los socios siguen realizando importantes avances, demostrando el valor agregado de una respuesta coordinada para apoyar a las personas refugiadas y migrantes, y a las comunidades que las reciben.

Hasta la fecha, los esfuerzos de los Gobiernos han permitido que más de 2 millones de personas venezolanas se hayan beneficiado de alguna forma de estancia regular, mientras que más de 650.000 se registraron como solicitantes de asilo o se reconocieron como personas refugiadas. En varios países, se están llevando a cabo o se están preparando ejercicios adicionales para registrar y regularizar la situación de las personas venezolanas indocumentadas. El resultado tangible de estos esfuerzos ayuda a garantizar el acceso efectivo a derechos y servicios básicos, incluyendo salud, educación y empleo, en muchas partes de la región.

En el marco del RMRP de 2019, que contó con 95 socios en 16 países, a mediados de año más de 630.000 personas se habían beneficiado con asistencia y servicios. Esto representó casi el 29% del total de beneficiarios previstos para todo el año, a pesar de haber recibido sólo el 24% de la financiación en la primera mitad del año.

Además, en promedio más de 370.000 personas por mes recibieron asistencia alimentaria y 200.000 recibieron atención médica. Más de 180.000 refugiados y migrantes por mes también recibieron asesoramiento y orientación jurídica durante el mismo período.

La respuesta operativa también se ha visto reforzada por los esfuerzos de la sociedad civil y otros actores que han acompañado, ayudado y prestado servicios a más de 100.000 personas por mes, a través de redes regionales creadas por organizaciones religiosas, el Movimiento de la Cruz Roja y otras entidades nacionales e internacionales.

Con el fin de sensibilizar a la opinión pública de las comunidades de acogida y de luchar contra la xenofobia, se han puesto en marcha campañas regionales y nacionales que han llegado a una audiencia de más de 75 millones de personas hasta la fecha.

A nivel intergubernamental, el Proceso de Quito sigue siendo el principal foro de coordinación regional sobre los aspectos técnicos de la actual crisis. En línea con el espíritu del Proceso de Quito, 10 países ya han adaptado sus requisitos para aceptar pasaportes venezolanos vencidos. Además, 10 países han adoptado la Tarjeta de Vacunación Regional para ayudar a abordar los riesgos de salud pública en un contexto de movimientos masivos de población. Adicionalmente, 23 países aprobaron el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas, que permitirá a los refugiados y migrantes hacer uso de sus cualificaciones vigentes y aumentará sus perspectivas de integración socioeconómica.

En preparación de la próxima ronda de reuniones del Proceso de Quito, que se realizará en Bogotá a mediados de noviembre, los Gobiernos de la región, con el apoyo de múltiples agencias de la ONU, están trabajando en propuestas de acciones coordinadas y en la identificación de áreas específicas en las cuales un apoyo internacional adicional creará el máximo impacto.

En concreto, los países están elaborando una propuesta para la adopción de una Tarjeta de Información Regional, que podrá aumentar el acceso a los servicios, recoger información para las políticas y la planificación públicas y, como sería de esperar, mitigar riesgos específicos de protección, como la separación familiar.

Con respecto a la protección, se finalizarán y validarán directrices regionales sobre la protección de la infancia, que podrán ser incorporadas a los marcos normativos nacionales. También se presentará un plan de trabajo regional para prevenir y combatir la trata y el tráfico de personas. También se presentará una propuesta regional para apoyar los sistemas nacionales de asilo en la gestión de las llegadas masivas de población.

Con respecto a la integración socioeconómica, se compartirán con los Gobiernos participantes las buenas prácticas en materia de inserción laboral, junto con recomendaciones prácticas. En cuanto a la educación, se presentarán los avances regionales para la aplicación del reconocimiento de cualificaciones. Además, se incluirán los avances materiales en la aplicación de la Tarjeta de Vacunación Regional, así como los compromisos regionales para un enfoque coordinado del tratamiento de las personas que viven con VIH.

A pesar de los muchos desafíos actuales, el impulso concertado para avanzar en múltiples frentes, tanto en el contexto del Proceso de Quito, como en la respuesta humanitaria en el marco del RMRP, es más importante que nunca. En este sentido, esperamos que esta Conferencia de Solidaridad proporcione un impulso adicional para que estos esfuerzos continúen en un futuro cercano.

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Es necesario reconocer la importancia y el inmenso agradecimiento por el apoyo internacional prestado hasta ahora.

Además de las significativas contribuciones bilaterales, muchas de las cuales proporcionan un apoyo esencial a los esfuerzos de integración socioeconómica, es importante destacar otras formas de apoyo internacional.

En particular, quisiera agradecer y destacar el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del primero, además del apoyo técnico, esto se ha traducido en importantes contribuciones concesionales a Colombia, mientras se está considerando lo mismo para países como Ecuador y Perú. En el caso del BID, se aprobó un mecanismo especial de subvención para los países afectados por la actual crisis de refugiados y migrantes.

También se debe reconocer que el apoyo al RMRP 2019 ha alcanzado ya el 52%, es decir, 382 millones de dólares, además del apoyo político y técnico a la región para apoyar a las personas refugiadas y migrantes.

Sin embargo, es esencial que nos centremos en lo que está por venir, sobre todo porque la crisis y los flujos de personas no han disminuido. Se prevé que el llamamiento humanitario regional para 2020 alcance los 1.350 millones de dólares para beneficiar a 4,3 millones de personas en 17 países y aproximadamente 140 socios que participan en el llamamiento. Esto representa un aumento de casi el doble en la respuesta regional, dado el persistente incremento de las necesidades, las mayores vulnerabilidades y la continua ampliación de las operaciones.

Y es igualmente importante mencionar que los propios Gobiernos receptores necesitan apoyo directo para gestionar la crisis de refugiados y migrantes, para lo cual la ONU y sus socios son un complemento. Mientras escuchemos las contribuciones de los diferentes panelistas durante los próximos dos días, me gustaría invitar a los participantes a considerar las formas en que pueden ofrecer apoyo, ahora o en el futuro cercano, y de varias formas. Esto ayudará a los países receptores y a los socios a garantizar que puedan apoyar plenamente a los refugiados y migrantes venezolanos, así como a las comunidades de acogida.

Como lo confirma esta Conferencia Internacional de Solidaridad, es de vital importancia que fortalezcamos las oportunidades de diálogo entre los países receptores y la comunidad internacional, incluyendo iniciativas como el Grupo de Amigos del Proceso de Quito, que reúne a los países cooperantes y a las instituciones financieras internacionales.