La emergencia climática y los recortes financieros generan cada vez más riesgos en el asentamiento de Granizal, Colombia
La emergencia climática y los recortes financieros generan cada vez más riesgos en el asentamiento de Granizal, Colombia
Lizardo Correa ha atestiguado durante 23 años la llegada de más de 32.000 personas que hoy viven en la comunidad del Granizal, donde 7 de cada 10 habitantes son desplazados internos a causa de la violencia, y 1 de cada 10 llegó desde Venezuela.
Lizardo Correa llegó hace 23 años cargado de esperanzas a Granizal, el segundo asentamiento informal más grande de Colombia, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia). Desde entonces, ha sido testigo de la llegada de más de 32.000 personas que hoy viven en esta comunidad, donde siete de cada diez habitantes son desplazados internos a causa de la violencia, y uno de cada diez llegó desde Venezuela.
Durante más de dos décadas, Granizal ha impulsado un proceso por la legalización de sus tierras, el acceso a servicios públicos y la integración social y urbana. Pero justo cuando ese proceso se está consolidando, la emergencia climática pone en riesgo los avances logrados y genera nuevos desplazamientos. El 24 de junio de 2025, un deslizamiento de tierra dejó 27 personas fallecidas, 27 edificaciones sepultadas y 97 viviendas con orden de evacuación definitiva.
Volver a empezar
“Llegué a Granizal desplazado de Urabá, como sindicalista, huyéndole a la violencia. Perdí mi trabajo, mi vocación de vida. Pero llegué con la ilusión de tener algo propio”, cuenta Lizardo, a sus 63 años, con un aire de nostalgia.
Con la misma ilusión llegaron las primeras familias en 1995, desplazadas por la violencia que aún golpea a la región del Urabá antioqueño. Levantaron sus ranchos con madera y cartón, y buscaron acceder a servicios básicos.
“Primero nos cogimos del tubo madre que bajaba de los servicios públicos para buscar agua, pero esta venía contaminada, con bacterias perjudiciales para los niños y las mujeres gestantes”, recuerda Lizardo. “Luego buscamos la energía, y así sucesivamente”.
Deslizamiento por lluvias en Granizal, el segundo asentamiento informal más grande de Colombia.
La emergencia climática pone en riesgo los avances logrados en el Granizal y genera nuevos desplazamientos.
Un residente de la comunidad del Granizal documenta los daños causados por un deslizamiento de tierra que dejó 27 personas fallecidas, 27 edificaciones sepultadas y 97 viviendas con orden de evacuación definitiva.
Desde 2008, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja con la comunidad, las instituciones, la academia y otras organizaciones para lograr el acceso a servicios básicos, la legalización del asentamiento, el acceso a vivienda y el fortalecimiento comunitario en Granizal. También impulsa la Casa de Derechos de la Defensoría del Pueblo, donde busca aumentar la presencia institucional, promover el acceso a derechos y prevenir riesgos como el reclutamiento forzado, la violencia sexual, el desplazamiento intraurbano y la extorsión a comerciantes, entre otros.
“ACNUR ha sido un apoyo incondicional. Nos ha hecho sentir que no estamos solos”, afirma Lizardo.
En 2015, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la comunidad interpuso una acción popular para exigir la protección de derechos fundamentales de la población de Granizal: el acceso al agua potable, la salubridad pública y el ambiente sano.
“En 2019 el Tribunal falló a nuestro favor, ordenando dotar la vereda de agua potable y regularizar el territorio”, explica el líder comunitario. “El 24 de mayo de 2020 llegó el agua, y yo fui el primero en tomarla”.
Como resultado de la decisión del Tribunal, Granizal además espera convertirse en 2025 oficialmente en la comuna 12 del municipio de Bello, un paso histórico hacia la inclusión urbana y social.
Sin embargo, con el deslizamiento ocurrido en junio de este año, el desplazamiento forzado volvió a Granizal. Muchas personas que estaban reconstruyendo sus vidas tuvieron que dejar su hogar nuevamente, ahora por causa de los efectos extremos del clima.
ACNUR acompañó a la comunidad de Granizal evaluando las necesidades y apoyando la respuesta humanitaria mediante rutas de protección, albergues temporales, insumos básicos de higiene y asistencia inmediata. Como parte de este acompañamiento, ACNUR también busca que en las zonas de riesgos asociados a desastres y a la emergencia climática se realicen obras de mitigación, de manera que la legalización del asentamiento sea posible. En las zonas de riesgo no mitigable, se busca que la población sea reubicada.
ACNUR evaluó las necesidades de la comunidad del Granizal y apoyó con rutas de protección, albergues temporales, insumos básicos de higiene y asistencia inmediata.
Personal de ACNUR y de la Defensoría del Pueblo visitan a la comunidad afectada por deslizamiento de tierra.
La falta de financiación genera nuevos riesgos
La desfinanciación del sector humanitario en 2025 agrava aún más la situación de Granizal. Los recortes financieros han reducido la capacidad de ACNUR de sostener el acompañamiento para que la comunidad consolide sus proyectos de manera autónoma, y debilitan el monitoreo y la denuncia de violaciones de derechos humanos.
“Hacemos un llamado a la solidaridad y al compromiso tanto del Estado como de los distintos sectores de la sociedad, para que procesos como el de Granizal avancen hacia soluciones duraderas que garanticen la dignidad y el bienestar de la población afectada”, menciona Elisa Carlaccini, Jefa de la Suboficina de ACNUR en Medellín.
“A pesar de los recortes abruptos en la financiación, nuestro compromiso con las personas forzadas a huir de sus hogares es inquebrantable”, concluye.
Lizardo mantiene la esperanza: “Mi sueño es que en unos años Granizal sea una comuna próspera, con vías, con un centro de salud bien dotado y con cada familia teniendo sus escrituras”.
