ACNUR: 75 años después, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados sigue siendo un salvavidas para millones de personas

GINEBRA – Setenta y cinco años después de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se abriera a la firma el 28 de julio de 1951, sigue siendo la piedra angular del sistema internacional de protección de las personas refugiadas y uno de los instrumentos jurídicos internacionales más trascendentales jamás adoptados.

Nacida tras la Segunda Guerra Mundial, la Convención consagró un principio sencillo pero fundamental: las personas forzadas a huir de la persecución, el conflicto o la violencia deben poder encontrar seguridad y protección.

Ninguna sociedad está a salvo de la guerra, la persecución o las crisis repentinas. La Convención se construyó sobre esa verdad universal: que las personas forzadas a huir deben ser protegidas.

Durante las últimas siete décadas y media, ha sido un salvavidas para las personas que han huido de conflictos y persecuciones, desde la Europa de la posguerra y las guerras de liberación nacional en África, hasta los conflictos de Indochina y las dictaduras militares en América Latina, así como las crisis más recientes en Afganistán, Siria, Ucrania y Sudán.

En total, 149 Estados son parte de la Convención, de su Protocolo de 1967 o de ambos, lo que la convierte en uno de los marcos jurídicos internacionales con mayor respaldo. Juntos, la Convención y el Protocolo definen quién es una persona refugiada, establecen sus derechos y fijan los estándares de trato que los Estados se han comprometido a respetar. Su principio fundamental, el de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a una persona a un lugar donde podría sufrir persecución, tortura u otros daños graves, está reconocido además por el derecho internacional consuetudinario y se aplica a todos los países, hayan firmado o no la Convención.

La Convención ha demostrado, además, ser un instrumento vivo, capaz de adaptarse a los desafíos contemporáneos. Gracias a la evolución de la práctica de los Estados, las decisiones judiciales y las orientaciones de ACNUR, ha servido de base para responder a cuestiones como la persecución por motivos de género, el reclutamiento forzado o los riesgos que pueden verse agravados por los efectos del cambio climático cuando estos se combinan con conflictos, persecución u otras formas de daño grave.

En un mundo marcado por niveles récord de crisis e inestabilidad, con más de 130 conflictos armados registrados en 2025, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, unos 41,6 millones de personas refugiadas seguían desplazadas. A pesar de un debate político cada vez más polarizado, el apoyo social al derecho de asilo continúa siendo sólido: aproximadamente dos tercios de las personas encuestadas este año por Ipsos en 29 países respaldan el derecho de quienes huyen de la guerra o la persecución a buscar refugio.

Sin embargo, el sistema mundial de asilo afronta una fuerte presión. Cerca del 70 por ciento de las personas refugiadas son acogidas por países de renta baja y media, muchas de ellas con importantes desafíos económicos y de desarrollo. Además, siete de cada diez personas refugiadas llevan viviendo en el exilio durante al menos cinco años.

Algunas voces sostienen que la Convención ya no responde a la realidad actual de movimientos migratorios mixtos y sistemas de asilo sometidos a una gran presión. ACNUR discrepa. La Convención sigue siendo el marco que permite a los Estados distinguir entre quienes necesitan protección internacional y quienes no, al tiempo que garantiza que nadie sea devuelto a situaciones de persecución, tortura u otros daños graves. Los procedimientos de asilo justos y eficientes permiten determinar la condición de persona refugiada, proteger a las personas refugiadas, tranquilizar a las comunidades de acogida y preservar la confianza en el sistema. ACNUR está dispuesto a redoblar su trabajo con los Estados y sus socios para aliviar las limitaciones de capacidad y garantizar que las decisiones sean precisas y se adopten con la mayor rapidez posible. Quienes no necesiten protección internacional no deben recibir asilo y pueden ser retornados de forma segura y digna. Eso también forma parte de un sistema de asilo creíble.

Al mismo tiempo, la gestión de fronteras debe seguir sustentándose en la protección. ACNUR expresa su preocupación por prácticas que restringen el acceso al asilo, como las devoluciones inmediatas, la denegación de acceso al territorio o los retornos forzados. La Convención ofrece un marco que permite a los Estados gestionar sus fronteras mientras protegen a quienes tienen una necesidad clara y definida de protección internacional.

Estas presiones se ven agravadas por la grave falta de financiación. A finales de junio, ACNUR solo había recibido el 31 por ciento de los fondos necesarios para sus operaciones, lo que está limitando servicios esenciales para las personas forzadas a huir, incluidas aquellas en situación de extrema vulnerabilidad.

Con motivo del 75º aniversario de la Convención, ACNUR hace un llamamiento a renovar el compromiso con la institución del asilo, reforzar la cooperación internacional y aumentar el apoyo a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen. A través de una serie de diálogos que se celebrarán a lo largo de 2026 en los ámbitos local, regional y mundial, con la participación de gobiernos, sociedad civil, personas refugiadas, sector privado y otros actores, ACNUR busca identificar formas prácticas de reforzar la protección y avanzar en soluciones duraderas.

Setenta y cinco años después, la Convención sigue poniendo a prueba nuestra determinación colectiva para proteger a quienes se ven obligados a huir y garantizar que el asilo siga estando disponible para quienes lo necesitan.

Para más información, favor de contactar:

• En Ginebra, Carlotta Wolf, [email protected], +41 79 546 67 07