Un mes después del terremoto en Colombia: avanzar con la reconstrucción en medio de una compleja situación humanitaria
Un mes después del terremoto en Colombia: avanzar con la reconstrucción en medio de una compleja situación humanitaria
Entrega de lámparas solares a comunidades embera afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Brisas de Samper, Chocó, Colombia.
Un mes después del devastador terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, miles de personas y familias requieren aún insumos básicos de higiene y hábitat, alimentación, soluciones de alojamiento, apoyo en salud mental, educación en emergencias, materiales para la reparación de sus hogares y espacios comunitarios, así como la reactivación de sus medios de vida.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, mantiene su compromiso de apoyar al Gobierno de Colombia, a las autoridades y comunidades locales y a los socios humanitarios para recuperar la estabilidad, acceso a servicios y reconstruir las vidas de las personas afectadas por el terremoto, en particular a las personas desplazadas y otras poblaciones vulnerables.
Desde el primer momento, ACNUR se ha movilizado junto con las autoridades nacionales y locales, el sistema de las Naciones Unidas y los socios humanitarios, aprovechando su larga trayectoria operativa en las zonas afectadas.
Gracias a la presencia operativa en 51 de los 498 municipios afectados por el terremoto, ACNUR ha desplegado respuestas rápidas a las comunidades remotas y afectadas por el conflicto armado.
La organización avanza en la entrega de más de 20,000 insumos de higiene y hábitat, lámparas solares, está desplegando Unidades de Vivienda para Refugiados (UVR) y está brindando apoyo en monitoreo de la protección, asistencia psicosocial, apoyo legal y documental, asesoría en traslados a atención especializada y mecanismos de protección basados en la comunidad.
Los equipos de ACNUR han llevado a cabo misiones en algunos de los lugares más afectados y de difícil acceso, contribuyendo a garantizar que las comunidades afectadas por el conflicto, confinadas y desplazadas no queden desatendidas en la respuesta de emergencia.
En Quibdó, Buenaventura, Cali, Risaralda, Caldas y Quindío ACNUR asesora a las autoridades en el traslado de personas desde los alojamientos temporales a hoteles, y acompaña los esfuerzos institucionales de respuesta.
“Para ACNUR, acompañar esta etapa significa ir de la mano con las comunidades, trabajar junto a instituciones, organizaciones, empresas y donantes para que la respuesta llegue donde más se necesita. Cada aporte puede contribuir a que una familia cuente con condiciones más dignas para afrontar la emergencia, recuperar sus medios de vida y avanzar hacia una recuperación segura y sostenible”, señala Elisa Carlaccini, jefa de la Suboficina Sur de ACNUR.
Las acciones en curso beneficiarán a unas 60.000 personas en las comunidades más gravemente afectadas que acogen a personas refugiadas, desplazadas internamente y otras personas afectadas por la violencia.
El impacto desproporcionado sobre las personas refugiadas y desplazadas
Los municipios afectados acogen a más de 1,1 millones de refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, además de una importante población de personas desplazadas internamente.
Muchas de las zonas más gravemente impactadas, en particular en Chocó y Valle del Cauca, ya enfrentaban desafíos humanitarios relacionados con la violencia, el desplazamiento, la pobreza, el confinamiento y el acceso limitado a los servicios. El desastre ha agravado las vulnerabilidades y los riesgos de protección preexistentes.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes, refugiadas, desplazadas y de acogida han reportado daños o destrucción en sus viviendas, pérdida de medios de subsistencia, interrupción de las comunicaciones y reducción del acceso a servicios esenciales. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), más de 1.000 comunidades indígenas fueron afectadas. Solo en el Valle del Cauca, al menos 48 consejos comunitarios afrodescendientes fueron impactados.
Las preocupaciones en materia de protección siguen siendo importantes, incluidos los riesgos asociados al desplazamiento, la separación familiar, la violencia de género, la pérdida de documentación y las barreras para acceder a la asistencia y a los servicios públicos.
Si bien se está brindando asistencia para salvar vidas, las necesidades humanitarias siguen siendo considerables y se prevé que continúen mucho más allá de la fase de emergencia inmediata.
Los esfuerzos de recuperación y reconstrucción requerirán apoyo y recursos sostenidos. ACNUR ha reiterado su apoyo en zonas donde es necesario seguir avanzando en procesos de legalización, como el barrio Lleras, ubicado en el centro urbano de Buenaventura, o comunidades indígenas en Valle del Cauca y Chocó.
A través de su iniciativa Juntos Por la Inclusión, ACNUR y el sector privado buscan abrir oportunidades de empleabilidad para que las personas desplazadas y refugiadas puedan rehacer sus vidas.
Según datos oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al 9 de septiembre al menos 466.709 personas y 296.738 familias han sido damnificadas en16 departamentos y 498 municipios del país. Más de 36.326 viviendas fueron destruidas y otras 202.002 resultaron averiadas. Además, 4.313 centros educativos, 400 centros de salud y 6.033 centros comunitarios fueron afectados.