Declaración de Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con ocasión de su visita a Chile

Mi visita a Chile, la primera de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene como trasfondo el movimiento de población más grande en la historia reciente de América Latina. Después de Colombia y Perú, Chile ha sido el país más afectado por el éxodo masivo de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. De los más de 4 millones de venezolanos que han salido de su país hasta la fecha, Chile ha acogido a más de 400.000 de ellos, o sea el 10%.

He quedado muy impresionado por la solidaridad y hospitalidad del pueblo de Chile y de su Gobierno en recibir a los venezolanos en su momento de necesidad, tal y como Venezuela recibiera a miles de refugiados chilenos. ACNUR, en ese momento, acompañó y brindó apoyo a los refugiados chilenos. Hoy en día, lo hace con los refugiados y migrantes venezolanos, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en países de América Latina y el Caribe.

Durante mis reuniones, las autoridades chilenas reiteraron el compromiso del Gobierno de Chile de cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo garantizar el derecho al asilo. Fui, así mismo, informado de la resolución del 9 de agosto que imparte instrucciones para el otorgamiento de salvoconductos a nacionales venezolanos por razones humanitarias. Tomo nota de esta medida y de la voluntad de las autoridades de garantizar el derecho al asilo en Chile. Es fundamental que este derecho, contemplado en la legislación nacional de Chile y en el Derecho Internacional, sea garantizado en todo el territorio del país, incluyendo también en las fronteras terrestres, y que los solicitantes de la condición de refugiado no se encuentren con obstáculos al ejercicio de este derecho.

Además de las autoridades, durante mi visita tuve la oportunidad de escuchar a representantes de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas, miembros de la comunidad académica y de la sociedad civil y también a personas refugiadas y migrantes venezolanas, las cuales me expresaron de forma clara y directa su aprecio a Chile y a los chilenos por acogerlos y hacerlos sentir bienvenidos. Esto es muy positivo y debe ser reconocido, sobre todo cuando expresiones de rechazo y xenofobia se observan en otros países de la región.

Reconozco, asimismo, los esfuerzos que Chile y las comunidades locales han hecho para acoger, documentar e integrar a los refugiados y migrantes venezolanos y de otras nacionalidades. Es importante continuar e intensificar estos esfuerzos para que estas personas puedan vivir de manera digna y contribuir a la economía y a la sociedad de Chile. En particular, los procesos de obtención de documentos deben agilizarse para evitar esperas que complican y atrasan la inserción de los refugiados y migrantes en la sociedad. En este sentido, mi oficina se encuentra dispuesta y lista a colaborar con las autoridades para reforzar capacidades y movilizar recursos.

La situación de las personas venezolanas en Chile no puede verse de forma aislada. Chile es el destino final de muchas personas venezolanas que han transitado por otros países de la región andina. Es vital que los países de esta región coordinen su respuesta ante el éxodo de la población venezolana y, en este sentido, exhorto a Chile a continuar participando activamente en procesos regionales de coordinación y armonización de políticas estatales como el Proceso de Quito. ACNUR y OIM apoyan este proceso a través de la plataforma regional de coordinación interagencial que reúne a mas de 40 organizaciones con el fin de abordar las necesidades de protección, asistencia e integración de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.  

Finalmente, quisiera reiterar nuestro compromiso de continuar trabajando constructivamente con las autoridades y la sociedad civil en Chile y a continuar haciendo un llamado a la comunidad internacional para que intensifique su apoyo, incluyendo financiero, a Chile. Este es un objetivo importante de mi visita, para recordar a la cooperación internacional, a los donantes y a las instituciones financieras, que la responsabilidad de acoger, proteger y ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos no puede ser asumida solamente por un país o una región, y que la solidaridad internacional no debe quedarse solamente en palabras, sino en hechos y en recursos también.