Discurso de apertura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, en la 77ª sesión plenaria del Comité Ejecutivo

Señor Presidente, distinguidos delegados, colegas, socios y amigos:

Es para mí un gran honor dirigirme al Comité Ejecutivo por primera vez en mi calidad de Alto Comisionado para los Refugiados.

Antes de comenzar, permítanme expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo de Panamá tras el fuerte terremoto que sacudió el país la semana pasada. Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, lesiones y desplazamiento como consecuencia de esa tragedia. Elogiamos los esfuerzos de las autoridades panameñas, las comunidades locales y los socios humanitarios que están respondiendo en circunstancias muy difíciles.

Excelencias,

Tras nueve meses en este cargo, soy consciente de la historia de esta Oficina, de la confianza depositada en ella y, sobre todo, de las personas que constituyen el núcleo de nuestro mandato: aquellas que se ven forzadas a abandonar sus hogares y comunidades.

Asumo esta responsabilidad desde una perspectiva profundamente personal.

Sé lo que significa necesitar protección. Y conozco las difíciles decisiones que deben tomar los gobiernos. Entiendo hasta qué punto esas decisiones pueden marcar la vida de las personas.

Las presiones son reales. Y también lo son nuestras responsabilidades.

Estos nueve meses también me han mostrado la magnitud de nuestro desafío. Los conflictos se prolongan cada vez más. Los desplazamientos duran más tiempo. Los recursos se reducen.

Las nuevas emergencias exigen una actuación inmediata, mientras que millones de personas desplazadas por crisis anteriores siguen esperando poder reconstruir sus vidas.

Este es un momento difícil para ACNUR. Pero también nos recuerda por qué ACNUR sigue siendo relevante, vital e indispensable.

Setenta y cinco años después de la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la responsabilidad que constituye el núcleo de nuestro mandato sigue siendo tan urgente como siempre.

Las personas forzadas a huir necesitan protección. Los países y las comunidades que las acogen necesitan apoyo.

Y las personas refugiadas necesitan algo más que sobrevivir.

Necesitan recuperar el control sobre sus vidas y, en última instancia, encontrar una solución a su desplazamiento.

En los últimos nueve meses, he visitado 15 operaciones de ACNUR, desde Chad hasta Ucrania, desde Etiopía hasta Afganistán, desde Siria hasta el Sahel, y desde México hasta Venezuela.

He escuchado a las personas desplazadas, a las comunidades de acogida, a los gobiernos y a colegas.

He conocido a personas que cruzaban las fronteras sin casi nada. He conocido a refugiados que llevan décadas viviendo en el exilio. He conocido a personas que emprenden el difícil viaje de vuelta a casa, decididas a empezar de nuevo.

Lo que he visto ha reforzado una convicción:

Debemos proteger a las personas cuando se ven forzadas a huir, pero no podemos aceptar que el desplazamiento indefinido sea su futuro.

La asistencia humanitaria salva vidas y sigue siendo indispensable ahí donde las personas la necesitan. Pero otro año de supervivencia en el desplazamiento no puede, por sí solo, ser nuestra medida del éxito.

El éxito también debe significar que las personas recuperen su autonomía: que puedan trabajar, aprender, mantener a sus familias y tomar decisiones sobre su futuro.

Debemos medir el éxito no solo por las vidas que salvamos, sino por las vidas que las personas son capaces de reconstruir y las soluciones duraderas que pueden encontrar.

Señor Presidente, como usted ha mencionado, más de 117 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del conflicto, la violencia, la persecución y otras amenazas.

Detrás de esa cifra se esconden realidades humanas dolorosas y trágicas.

En Sudán, el conflicto ha desplazado a millones de personas. En mi primera misión como Alto Comisionado, en la frontera entre Sudán y Chad, conocí a familias que habían huido de la violencia en Darfur días antes. Algunas habían perdido a sus padres. Otras se habían visto separadas de sus hijos. Cruzar esa frontera significaba la diferencia entre la vida y la muerte.

En Ucrania, millones de personas siguen desplazadas mientras la guerra continúa destruyendo hogares, infraestructuras y vidas. Fui testigo de primera mano del devastador coste humano durante mi primera visita en febrero.

En todo el Sahel, la violencia y la inseguridad desarraigan a las comunidades y ponen a prueba a Estados que ya se enfrentan a la pobreza y a las crisis climáticas.

Y más de nueve años después del desplazamiento masivo de 2017, más de 1,2 millones de personas refugiadas rohingyas apátridas permanecen en Bangladés, sin poder regresar de forma segura a Myanmar.

Durante más de medio siglo, generaciones de refugiados saharauis han vivido en campamentos cerca de Tinduf, donde nuestra labor continúa, pero donde las condiciones humanitarias son cada vez más difíciles.

En Yemen, la reciente escalada ya ha desplazado a cientos de miles de personas, lo que agrava el inmenso sufrimiento de millones de personas tras años de conflicto. El deplorable atentado del sábado y de anoche contra el aeropuerto de Riad causó la muerte de 12 personas y dejó más de 300 heridos. Esta peligrosa escalada debe terminar, y hay que hacer todo lo posible para poner fin a este conflicto.

En toda América Latina, la violencia, la inseguridad y la inestabilidad política han provocado el desarraigo de comunidades. La región acoge a más de 22 millones de personas desplazadas por la fuerza, de las cuales 10 millones son desplazadas internas en toda la región, incluidas más de 7 millones en Colombia y 1,4 millones en Haití.

Estas crisis son profundamente diferentes. Pero revelan el mismo patrón.

Los conflictos están provocando desplazamientos a un ritmo más rápido del que somos capaces de resolverlos.

Las organizaciones humanitarias se ven forzadas a gestionar las consecuencias.

Seguiremos protegiendo a las personas, apoyando a las comunidades de acogida y recurriendo a la diplomacia humanitaria para garantizar el acceso y promover soluciones.

Pero la asistencia humanitaria no puede compensar indefinidamente las guerras sin resolver. Para ponerles fin se necesita liderazgo político.

Necesitamos una mayor inversión en prevención de conflictos, diplomacia, consolidación de la paz y desarrollo. Cuando surjan oportunidades, estas deben traer consigo un cambio real: protección duradera, retornos voluntarios cuando las condiciones lo permitan y la oportunidad de reconstruir sus vidas.

La paz debe medirse no solo por los acuerdos firmados, sino por las vidas que se transforman.

Hasta entonces – por triste y doloroso que sea – las personas seguirán huyendo.

Y cuando lo hagan, nuestra responsabilidad es clara: deben poder encontrar protección.

Excelencias, Señor Presidente,

Este año se cumple el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Hace setenta y cinco años, tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados hicieron una promesa: las personas que huyen de la persecución deben poder buscar protección, y las personas refugiadas no deben ser devueltas a lugares donde sus vidas o su libertad se vean amenazadas.

La Convención no surgió porque la protección de las personas refugiadas fuera fácil. Surgió porque el mundo había sido testigo del precio que se paga por no protegerlas.

Esa promesa ha salvado la vida a generaciones enteras. Hoy en día, sigue siendo tan vital como siempre, pero se está poniendo a prueba como nunca antes.

En mis conversaciones con Estados, personas refugiadas y sociedad civil de todas las regiones, he escuchado las preocupaciones de los Estados cuyos sistemas de asilo se encuentran bajo presión; la frustración de los países que acogen a personas refugiadas desde hace décadas sin el apoyo adecuado; y los retos que plantean los movimientos mixtos, los viajes peligrosos y la explotación de las personas por parte de los tratantes y traficantes.

También he escuchado los temores de los propios refugiados a medida que se reduce el espacio de protección, la asistencia humanitaria se vuelve más escasa y crece la incertidumbre; de las mujeres y niñas expuestas a la violencia y la explotación; de niñas y niños que pierden años de educación; y de las personas con discapacidad que se enfrentan a barreras para acceder a protección, servicios y oportunidades.

Estas preocupaciones, Excelencias, colegas, son reales. Debemos afrontarlas con honestidad.

Necesitamos sistemas de asilo justos y eficientes, un mayor apoyo a los países de acogida, cooperación a lo largo de las rutas y vías de acceso más regulares.

También debemos garantizar un retorno digno a aquellas personas que, tras procedimientos justos y con las garantías adecuadas, se determine que no necesitan protección internacional.

Debemos proteger el sistema de asilo contra los abusos, al tiempo que garantizamos el acceso a la protección y defendemos el principio de no devolución.

Nada de esto requiere apartarnos de la Convención.

Requiere aplicarla mejor.

Quizás ese sea el mensaje más importante de este 75º aniversario:

Los principios perduran. Nuestros esfuerzos colectivos para aplicarlos deben evolucionar.

Ya nos hemos adaptado antes: el Protocolo de 1967 eliminó las limitaciones temporales de la Convención y, para los Estados partes en el Protocolo, en general, también su limitación geográfica. Cuando el mundo cambió, los Estados optaron por ampliar la protección, no por abandonarla.

Sesenta y cinco años después de la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, millones de personas siguen careciendo de nacionalidad.

Junto con la Convención de 1954 sobre la protección de los apátridas, estos instrumentos proporcionan a los Estados herramientas para reformar las leyes discriminatorias y prevenir la apatridia infantil.

Con voluntad política, las personas pueden pertenecer a algún lugar tanto ante la ley como en la vida.

No renunciamos a una promesa porque cumplirla se haya vuelto difícil. Es precisamente entonces cuando la promesa cobra mayor importancia.

La protección es indispensable. Pero nuestra responsabilidad no se limita a la protección. También debe incluir soluciones duraderas.

Durante 75 años, Señor Presidente, el mandato de ACNUR se ha basado en tres responsabilidades: la protección internacional, la ayuda humanitaria para salvar vidas y las soluciones.

Todas ellas siguen siendo indispensables. Debemos perseguirlas juntas desde el principio.

En 2026, ACNUR ha respondido a 22 declaraciones de emergencia en 18 países, incluidas 17 emergencias declaradas recientemente en 15 países. Desde Yemen hasta África Oriental y el Cuerno de África, desde Sudán hasta el Sahel, incluido Níger, nuestra capacidad de respuesta ante emergencias sigue siendo esencial.

Cuando las personas se ven forzadas a huir, debemos estar ahí: protegiéndolas, proporcionándoles asistencia esencial y apoyando a los países y comunidades que las acogen.

Pero debemos hacernos una pregunta igualmente importante: ¿qué ocurre después de la emergencia?

Con demasiada frecuencia, lo que comienza como algo temporal se convierte en permanente.

Un asentamiento de refugiados establecido en una situación de emergencia sigue existiendo décadas después. Un niño nacido ahí se convierte en adulto y cría a sus propios hijos. Los programas diseñados para la supervivencia se convierten en sistemas permanentes de dependencia.

Debemos trabajar por un futuro en el que una generación de refugiados no se vea forzada a transmitir su desplazamiento a la siguiente

Este es el objetivo detrás de ‘50 para 35’.

Para 2035, nuestra visión es reducir a la mitad el número de personas refugiadas en situación de desplazamiento prolongado que siguen dependiendo de la ayuda humanitaria, mediante una mayor autosuficiencia y soluciones duraderas. En la actualidad, aproximadamente 14,5 millones de personas refugiadas en estas situaciones, en países de renta baja y media, dependen de la ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

Es un objetivo ambicioso. Y tiene que serlo.

Pero permítanme ser claro: ‘50 para 35’ no es un objetivo para reducir la asistencia humanitaria. Es un compromiso para reducir la necesidad de la misma.

No podemos afirmar que hemos tenido éxito porque se haya reducido la asistencia. Ni porque la responsabilidad se haya trasladado a los Estados de acogida. El éxito debe medirse por si la vida de las personas ha mejorado realmente y si se han convertido en miembros autosuficientes y activos de sus comunidades. Para aquellos que siguen necesitando apoyo humanitario, nuestra responsabilidad sigue vigente.

Esto empieza por la protección y unas buenas políticas: estatuto jurídico, documentación, libertad de circulación, educación y derecho al trabajo.

Los gobiernos ya están demostrando lo que es posible.

En Etiopía, se han expedido más de 30.000 permisos de trabajo y autorizaciones a personas refugiadas; más de 123.000 cuentan con un documento nacional de identidad digital y las escuelas para refugiados se están integrando progresivamente en el sistema nacional.

En Tailandia, la población refugiada de Myanmar que pasó décadas en alojamientos temporales está accediendo a empleo, documentación, sistemas bancarios y servicios.

Uganda continúa promoviendo la inclusión económica, mientras que el Plan Shirika de Kenia está impulsando la integración en los sistemas nacionales y las economías locales.

En México, más de 175.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo se han beneficiado del Programa de Integración Local, en cuyo marco los refugiados han encontrado empleo formal en más de 650 empresas. A partir de esta experiencia, ACNUR colabora con el Gobierno de México en la iniciativa México Integra, con el fin de establecer un sistema de integración integral, de titularidad nacional y dirigido por los Estados.

Se trata de cambios en la política gubernamental que otorgan a las personas un mayor control sobre su futuro y reducen la dependencia de la asistencia humanitaria.

Pero la autosuficiencia y la inclusión no equivalen a una solución duradera.

También debemos acelerar y facilitar el retorno voluntario cuando las condiciones lo permitan, el reasentamiento y las vías complementarias, así como la integración local o la obtención de un estatuto jurídico alternativo.

Para muchas personas refugiadas con las que me he reunido, regresar a casa sigue siendo su mayor esperanza. Esa esperanza merece nuestro apoyo.

Sin embargo, cruzar una frontera no es, por sí sola, una solución.

Sin documentación, medios de vida, escuelas, servicios que funcionen y protección, el retorno puede no ser sostenible.

Lo he visto en Siria, donde unos 1,8 millones de refugiados procedentes de países vecinos y más de 2 millones de personas desplazadas internas han regresado a sus lugares de origen desde diciembre de 2024. Vi la destrucción que dejaron años de conflicto, pero también la determinación de reconstruir.

En Afganistán, casi 7 millones de personas han regresado de países vecinos desde finales de 2023, a menudo en circunstancias difíciles y no siempre de forma voluntaria. Las comunidades se enfrentan a la pobreza, a servicios limitados y, sobre todo, a las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas. ACNUR, el PNUD y otros socios están apoyando la reintegración, pero la magnitud de la situación exige una inversión y un apoyo internacionales mucho mayores.

En Venezuela, conocí a Andriuska, quien regresó de Ecuador con su familia. Su determinación refleja las esperanzas de muchos venezolanos que desean volver y contribuir al futuro de su país. Existen importantes oportunidades para apoyar estos retornos voluntarios, y hay que aprovecharlas.

En la República Centroafricana, el liderazgo del Gobierno y la cooperación regional están abriendo oportunidades para que miles de personas refugiadas avancen hacia soluciones y regresen a sus hogares.

En la región de los Grandes Lagos, la renovada cooperación entre Ruanda y la República Democrática del Congo está creando oportunidades para abordar el desplazamiento de larga duración. Más de 70.000 personas refugiadas congoleñas han regresado a la RDC en 2026, mientras que miles de ruandeses han regresado a Ruanda. A través del mecanismo tripartito, ACNUR apoya el retorno voluntario y la reintegración sostenible.

Se trata de oportunidades importantes, pero el retorno depende de un apoyo internacional sostenido. Los países que acogen a un gran número de personas repatriadas necesitan inversiones en seguridad, vivienda, servicios y medios de vida para que las personas puedan reconstruir sus vidas y permanecer en su hogar.

Del mismo modo, los Estados de acogida – Líbano, Jordania y Egipto –, que acogen a algunas de las mayores poblaciones de refugiados per cápita del mundo y que, al mismo tiempo, se enfrentan a un desplazamiento interno generalizado y a daños relacionados con los conflictos – en el caso del Líbano –, también necesitan un apoyo continuo para ampliar la protección más allá de los retornos sostenibles.

El retorno es un acontecimiento. La solución es lo que viene después.

El reasentamiento sigue siendo indispensable para las personas refugiadas cuyas necesidades de protección no pueden satisfacerse en el lugar donde se encuentran. También son fundamentales las vías complementarias – a través de empleo, educación, reunificación familiar y patrocinio comunitario – para ayudar a que la población refugiada encuentre protección y reconstruya sus vidas.

Necesitamos que los países que cuentan con programas de reasentamiento y vías complementarias consolidados amplíen estas oportunidades.

‘50 para 35’ está pasando ahora de la visión a la implementación.

Estamos cambiando, Excelencias, la forma en que planificamos y ejecutamos los programas en situaciones prolongadas. País por país, estamos adaptando nuestros programas a las prioridades establecidas por los gobiernos en materia de autosuficiencia y soluciones, e involucrando a los socios para el desarrollo en una fase más temprana.

Próximamente lanzaremos una Estrategia Global para la Autosuficiencia con el fin de ampliar el acceso de las personas refugiadas al empleo, la financiación, el emprendimiento y los mercados. El rol de ACNUR es actuar como catalizador, ayudando a los socios a conectar a los refugiados con los mercados y las cadenas de valor, entre otras cosas, mediante reformas de políticas e inversiones específicas por zonas.

Estamos profundizando nuestra colaboración con el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos regionales de desarrollo para integrar de forma más sistemática el desplazamiento en la planificación económica y de desarrollo, y movilizar financiación e inversiones para el desarrollo en beneficio de los refugiados y de las comunidades de acogida.

También lanzaremos el Acelerador ‘50 para 35’, una línea de financiación específica dentro de ACNUR que ofrecerá recursos flexibles y plurianuales, adicionales a nuestro presupuesto actual, para acelerar las oportunidades de inclusión, autosuficiencia y soluciones. El Acelerador apoyará intervenciones específicas y asistencia técnica para movilizar mayores inversiones lideradas por los gobiernos y destinadas al desarrollo.

Agradezco a donantes como Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido su inversión continua y su liderazgo intelectual en la labor de autosuficiencia. Tanto la UE como la Fundación Mastercard son pioneras en el apoyo a esta iniciativa. El Acelerador se basará en estos esfuerzos y contribuirá a ampliarlos.

A través del Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado, en colaboración con el Banco Mundial, estamos mejorando la forma en que medimos la autosuficiencia, la protección y las soluciones para los refugiados, recurriendo a los sistemas estadísticos nacionales siempre que sea posible para realizar un seguimiento de los avances y evaluar el impacto.

Desde el inicio de una emergencia, no solo debemos preguntarnos cómo protegemos y asistimos a las personas hoy, sino también cómo les permitiremos reconstruir sus vidas mañana.

El cambio consiste en pasar de gestionar el desplazamiento de forma indefinida a modificar las condiciones que mantienen a las personas desplazadas y dependientes.

Señor Presidente, Excelencias,

Nada de esto puede lograrlo ACNUR por sí solo.

Todo comienza con el liderazgo de los países que acogen personas refugiadas. Pero no puede tener éxito si se pide a esos países que hagan más con menos.

La inclusión no puede financiarse únicamente con buena voluntad.

Las escuelas necesitan profesores. Los sistemas de salud necesitan capacidad. Los municipios necesitan infraestructuras. La inclusión económica requiere inversión y puestos de trabajo.

Esto es particularmente importante porque la mayoría de las personas refugiadas siguen siendo acogidas por países con recursos considerablemente más escasos. Países que representan apenas el 27 por ciento de la riqueza mundial acogen al 80 por ciento de las personas refugiadas del mundo.

Quiero rendir homenaje hoy a esos países.

Muchos han mantenido la hospitalidad de sus sociedades y sus países, acogiendo a refugiados a lo largo de sucesivas crisis. Han integrado a los refugiados en escuelas y hospitales que ya se encontraban bajo presión. Les han proporcionado terrenos, documentación y acceso al trabajo.

Su liderazgo debe ir acompañado de apoyo internacional.

Lograr este objetivo requerirá una cooperación sostenida entre los gobiernos, las instituciones de desarrollo y el sector privado.

Las comunidades locales, la sociedad civil y las organizaciones dirigidas por personas refugiadas son igualmente importantes para este esfuerzo. Sus conocimientos, sus relaciones y su liderazgo son esenciales para dar respuestas eficaces, y debemos apoyarlos mediante alianzas más equitativas y una inversión sostenida en la capacidad local.

La participación significativa no se mide por el número de refugiados que hay en un lugar, sino también por cómo pueden influir en lo que ocurre en ella.

Las propias personas refugiadas ya están realizando gran parte de la labor de mantener a sus familias. En los nueve principales países que acogen refugiados, estos satisfacen entre el 60 y el 90 por ciento de las necesidades de sus hogares con sus propios ingresos, a menudo a pesar de las importantes restricciones a su capacidad para trabajar y participar plenamente en la economía.

La educación es igualmente fundamental.

Hoy, señoras y señores, 5,8 millones de niñas y niños refugiados siguen sin asistir a la escuela. Aunque el acceso a la educación superior ha aumentado significativamente, la brecha entre los estudiantes refugiados y sus pares sigue siendo profunda.

La educación es a la vez protección y autonomía.

Un joven refugiado capaz de estudiar, desarrollar competencias e incorporarse al mercado laboral tiene unas perspectivas fundamentalmente diferentes a las de aquel que pasa años excluido de las oportunidades.

En el caso concreto de las niñas, permanecer en el sistema educativo también puede reducir su exposición al matrimonio precoz, al abuso y a otros riesgos de protección.

Esa es precisamente la razón por la que tenemos previsto lanzar la iniciativa ‘Aspirar a más’ – para ofrecer a los estudiantes refugiados mayores oportunidades de obtener grados universitarios y otros títulos de educación superior.

A través de esta iniciativa, estamos reuniendo a gobiernos, universidades, el sector privado y a los propios estudiantes refugiados para ampliar el acceso a la educación superior.

Nos basamos en las becas DAFI, el aprendizaje conectado y las vías educativas en terceros países para ofrecer a más estudiantes refugiados la oportunidad de desarrollar todo su potencial.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados nos brinda el marco para compartir responsabilidades. El Foro Mundial sobre los Refugiados nos ofrece el mecanismo para traducir esa responsabilidad en compromisos y acciones.

Muchos países de acogida ya han asumido compromisos ambiciosos: abrir sus sistemas nacionales, ampliar los derechos y las oportunidades, y desarrollar planes de inclusión y soluciones impulsados a nivel nacional.

Sin embargo, el apoyo internacional no siempre ha estado a la altura de su ambición.

La Revisión de Seguimiento de 2025 reveló una brecha persistente entre los compromisos asumidos por los países de acogida y el apoyo financiero, material y técnico proporcionado por la comunidad internacional.

El próximo Foro Mundial sobre los Refugiados, que se celebrará en 2027, nos brinda una importante oportunidad para cerrar esa brecha.

De aquí a entonces, debemos pasar de las promesas a los hechos: cumplir los compromisos ya adquiridos y acompañar las ambiciosas políticas de los países de acogida con un apoyo concreto.

Señor Presidente,

Estamos exigiendo más a la respuesta a la crisis de refugiados precisamente en un momento en el que hay menos recursos disponibles para sostenerla.

Al 9 de octubre, disponemos de fondos por valor de 3.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 35 por ciento de nuestras necesidades, que ascienden a 8.500 millones de dólares estadounidenses para 2026. Nuestra previsión actual para 2027 se sitúa en aproximadamente 2.680 millones de dólares estadounidenses. Esperamos que esta previsión evolucione a medida que se concreten los compromisos adicionales de los donantes, especialmente en la Conferencia de Donantes de ACNUR que se celebrará en diciembre.

Hemos reducido los costos, reforzado los controles financieros, priorizado las actividades, reducido nuestra presencia sobre el terreno y llevado a cabo uno de los ajustes de plantilla más significativos en la historia de ACNUR.

Tenemos la responsabilidad de aprovechar al máximo cada recurso que se nos ha confiado.

Pero la eficiencia tiene límites.

Llega un momento en el que una mayor eficiencia no puede compensar la disminución de los recursos.

Cuando la financiación cae por debajo de ese umbral, las consecuencias no son abstractas. Las sufren las personas que dependen de la protección.

Se pide a ACNUR, a las ONG nacionales e internacionales y a las organizaciones dirigidas por personas refugiadas que mantengan – y, a menudo, amplíen – sus respuestas, mientras que la financiación se reduce y se vuelve menos predecible. Algunas luchan por su propia supervivencia.

Reconozco las presiones presupuestarias a las que se enfrentan los gobiernos, así como nuestra responsabilidad de utilizar cada centavo con prudencia. Pero, una vez más, hay una diferencia entre hacer más con menos y que se nos pida hacer lo imposible.

No podemos pedir a organizaciones que luchan por sobrevivir que mantengan con vida a millones de personas.

En Sudán, la financiación insuficiente amenaza la atención médica especializada, la asistencia jurídica y el apoyo psicosocial para más de 50.000 supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto.

En Chad, los servicios para miles de menores no acompañados, separados de sus familias y con necesidades específicas de protección están en peligro.

En Etiopía, se ha suspendido el registro de decenas de miles de personas refugiadas procedentes de Sudán del Sur y Eritrea, mientras que otros cientos de miles esperan la verificación y la integración en el sistema nacional de identificación.

La protección tiene un nivel mínimo. Por debajo de él, el sistema no se limita simplemente a reducirse. La protección que podemos ofrecer comienza a fallar.

Agradezco profundamente a gobiernos, instituciones, donantes privados y personas que han seguido apoyando a ACNUR durante un año excepcionalmente difícil. Quiero reconocer en particular a la Unión Europea, Japón y los Países Bajos, que han aumentado sus contribuciones este año, y a Suecia, Noruega, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania, que no solo se encuentran entre nuestros diez principales donantes, sino que también se esfuerzan por aportar gran parte de su financiación de forma flexible.

También quiero rendir un homenaje especial al sector privado y a las personas de todo el mundo cuya generosidad y compromiso con las personas refugiadas y con nuestra labor se han mantenido firmes y – francamente – extraordinarios. Juntos, se han convertido hoy en la mayor fuente de ingresos de ACNUR y en la mayor fuente de financiación sin asignación específica.

Desde que asumí el cargo, he estado trabajando con nuestros equipos para garantizar que contemos con la base de apoyo más amplia posible para nuestra labor. Para que quede claro: necesitamos una base de apoyo más amplia. Necesitamos financiación con mayor antelación y de forma más predecible. Y necesitamos toda la flexibilidad que sus sistemas permitan.

La respuesta a la reducción de los recursos humanitarios no puede consistir simplemente en reducir nuestra ambición al momento de trabajar con y para los refugiados, y en busca de soluciones.

Excelencias, Señor Presidente,

Este ya ha sido un período de profundos cambios para nuestra organización.

Desde 2024, casi 8.000 colegas han salido de ACNUR. Nuestra plantilla ha pasado de casi 20.000 a poco menos de 12.000.

Se trata de colegas que han prestado servicio a los refugiados durante años, a menudo en algunos de los lugares más difíciles del mundo y con un sacrificio personal considerable. Dejan atrás su experiencia y relaciones que no pueden sustituirse. Quiero rendirles homenaje y agradecerles su servicio.

También quiero reconocer a los colegas que continúan. Han sacado adelante a esta organización en medio de una incertidumbre extraordinaria, sin dejar de brindar servicio a las personas refugiadas, a menudo con equipos más reducidos y mayores responsabilidades.

Los recortes de esta magnitud tienen, inevitablemente, consecuencias. Pero, a pesar de la reducción, el 88 por ciento de nuestra plantilla sigue estando fuera de la sede central, el 70 por ciento de nuestro personal es contratado a nivel local y aproximadamente el 95 por ciento de nuestra capacidad de protección y soluciones permanece en las operaciones sobre el terreno. Estamos decididos a preservar estas capacidades, mientras garantizamos que ACNUR sea financieramente sostenible y esté en consonancia con nuestras prioridades operativas.

Pero esta transformación va más allá de las cifras.

Se trata de lo que hace ACNUR, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos.

A principios de este año, solicité una revisión independiente de la gestión, realizada de forma gratuita por Oliver Wyman. Sus recomendaciones, junto con amplias consultas en toda la organización, han servido como base para revisiones exhaustivas de nuestras operaciones en los países, las oficinas regionales y la sede central.

He respaldado sus principios generales y sus recomendaciones. Las primeras decisiones ya se están reflejando en nuestra planificación para 2027, en los presupuestos y en la organización de la plantilla.

A nivel nacional, hemos revisado cada presencia de ACNUR en función de las necesidades de protección, los riesgos operativos y los ámbitos en los que nuestra intervención directa aporta un mayor valor añadido.

Las propuestas actuales supondrían cambios en 31 presencias, aproximadamente una cuarta parte de las revisadas. Esto nos permitirá adoptar modelos más ligeros ahí donde las instituciones nacionales y las alianzas sean sólidas y den resultados, al tiempo que mantenemos una participación más directa donde las necesidades de protección y los riesgos operativos sean mayores.

Los cambios van acompañados de las garantías de protección adecuadas y de un seguimiento continuo, con flexibilidad para reforzar la presencia en caso de que las circunstancias lo requieran. También hemos revisado los grados de los representantes en función de la magnitud del desplazamiento, los recursos operativos, el tamaño de la plantilla y la complejidad organizativa, y las responsabilidades de liderazgo. Esto reducirá el número de puestos de representante de grado D2 de 12 a 6.

A nivel regional, estamos reduciendo la duplicación de funciones y definiendo mejor el rol de las oficinas regionales. Estas serán más ágiles y estratégicas, con estructuras más sencillas, responsabilidades más claras y un mayor énfasis en la supervisión y el apoyo a las operaciones en los países.

En la sede, estamos estableciendo una estructura más ágil y centrada, con una rendición de cuentas más clara para las funciones globales, una reducción de la duplicación y una mayor alineación de los recursos con las prioridades de la organización. Esto implica racionalizar las funciones de alto nivel, así como los niveles y grados de gestión, de modo que los puestos y las responsabilidades puedan contribuir de la mejor manera posible a la consecución de los objetivos de la organización.

El objetivo es una sede más ágil y menos jerárquica, con mayor autoridad y responsabilidad más cerca de nuestras operaciones y de las personas para las que trabajamos.

Tenemos previsto integrar nuestras capacidades tecnológicas y de datos, mediante el uso de la inteligencia artificial, en una estructura empresarial más coherente, al tiempo que mantenemos el Registro y la Gestión de la Identidad centrados en la protección y la salvaguarda de la independencia de la función de Protección de Datos.

Nuestro modelo de colaboración con el sector privado se simplificará y se arraigará más a nivel local, haciendo mayor hincapié en las colaboraciones nacionales, la recaudación de fondos digitales y el desarrollo de mercados.

Seguiremos revisando y actualizando, en consulta con ustedes, nuestros modelos de plantilla, financiación y recaudación de fondos para garantizar que se adapten al entorno cambiante del sector humanitario, a las necesidades y a nuestro mandato. Esto incluirá aumentar la flexibilidad de nuestro modelo de plantilla, lo que conlleva incrementar el número de asociaciones con asociaciones nacionales (NAP) y colaborar más estrechamente con las empresas – entre otras cosas, a través de un nuevo Consejo de Directores Generales –, así como revisar las vías de financiación especializadas y nuestra estructura de costes de apoyo interno (ISC) del 6,5 por ciento.

Asimismo, consolidaremos más funciones operativas en los ámbitos de finanzas, recursos humanos, administración y suministros a través de los Servicios Compartidos Globales, entre otros lugares, en Budapest. Del mismo modo, estamos reforzando nuestras responsabilidades de supervisión mediante la creación de un Comité de Riesgos Básicos, integrado por el Equipo Directivo Superior, lo que refuerza nuestro enfoque de la gestión y supervisión de riesgos empresariales.

Esto también forma parte de una transformación más amplia de la ONU y del sistema humanitario. A través de la iniciativa ‘ONU80’ y del reajuste humanitario, estamos trabajando para reducir la duplicación, simplificar los procesos, reforzar la complementariedad y hacer un mejor uso de nuestros recursos colectivos, incluso en estrecha colaboración con el PMA, UNICEF y la OIM, y con el sólido liderazgo y la función de coordinación del ERC.

Esto incluye servicios comunes, una interoperabilidad adecuada de los datos y una mayor cooperación en todas las cadenas de suministro. La iniciativa de cadena de suministro integrada está empezando a aprovechar las capacidades existentes en todos los organismos, con el objetivo de mejorar la rapidez, la fiabilidad y la rentabilidad. Sin duda, la crisis financiera forzó a aplicar recortes difíciles y aceleró el cambio. Pero la reforma no puede limitarse únicamente a recortar gastos.

Debe permitirnos cumplir mejor nuestro mandato.

Queda mucho trabajo por delante. Pero la dirección es clara: un ACNUR más sostenible, ágil y responsable, con menos niveles jerárquicos, una mayor autoridad sobre el terreno y una mayor colaboración en todo el sistema humanitario.

Nuestro objetivo no es simplemente un ACNUR más pequeño. Es un ACNUR más fuerte, centrado en aquellos ámbitos en los que aportamos mayor valor añadido y más capaz de proporcionar protección, asistencia y soluciones a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen.

Señor Presidente,

El Diálogo del Alto Comisionado de este mes de diciembre y el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2027 son oportunidades para convertir nuestros compromisos en cambios reales. Y las personas para las que trabajamos no pueden permitirse otra generación de promesas sin acciones concretas.

El mes pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, escuché un contundente recordatorio por parte del ministro de Emergencias y Gestión de Desastres de Siria, Raed Al-Saleh.

Un hombre que vivió personalmente en campamentos de desplazados y que hoy ayuda a liderar los esfuerzos para reconstruir las infraestructuras y los servicios que permitirán a otros regresar a sus hogares.

Su mensaje fue sencillo: cuando hablamos de personas refugiadas y desplazamientos, debemos hacerlo con humildad. Ninguno de nosotros sabe quién se verá forzado a huir mañana, ni quién tendrá que ofrecer refugio.

La dirección de los desplazamientos cambia. La responsabilidad de proteger no debe hacerlo.

Dentro de setenta y cinco años, otra generación mirará atrás y evaluará las decisiones que tomemos hoy.

¿Verán un mundo que dio la espalda cuando la responsabilidad se volvió difícil? ¿O uno que recordó las lecciones de su propia historia?

Quiero despedirme de ustedes, Excelencias, con las palabras de alguien a quien conocí a principios de este año en Kabul.

Una joven, una joven afgana, que crece en un país donde, a una edad en la que los sueños no deberían conocer límites, se pide a las niñas que reduzcan los suyos.

Compartió conmigo un poema, escrito para otras niñas afganas, sobre la educación, el valor y la esperanza. Escribió:

“La vida no siempre es fácil, pero tus capacidades y tu valor son mayores que cualquier limitación. Nunca olvides que no estás sola, que tu voz importa y que tus sueños son valiosos”.

Sus palabras se me quedaron grabadas.

No debería tener que ser extraordinaria para tener lo que debería ser un futuro normal. Para ir a la escuela. Para tomar sus propias decisiones.

Ella y millones de personas como ella no nos piden que soñemos por ellas.

Nos piden la oportunidad de hacer realidad sus propios sueños.

Asegurémonos de que nuestra dedicación, nuestras decisiones y nuestras acciones no se queden solo en palabras. Démosles esa oportunidad.

El poder para hacerlo está en manos de todos nosotros. La historia recordará cómo decidimos utilizarlo.

Gracias.