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Los profesionales sanitarios refugiados se suman a la respuesta contra el coronavirus en América Latina

Notas de prensa

Los profesionales sanitarios refugiados se suman a la respuesta contra el coronavirus en América Latina

24 April 2020
El médico venezolano Samuel Suárez participa en la respuesta de salud pública contra el coronavirus en San Francisco, una aldea remota en Ecuador.

Los países de América Latina hacen hoy un llamado a los trabajadores sanitarios refugiados y migrantes para que ofrezcan su apoyo a las respuestas nacionales ante el COVID-19. En toda la región, miles de ellos están trabajando ya desde los sistemas sanitarios nacionales para responder ante la pandemia, mientras que otros muchos están preparados para colaborar y aportar a las comunidades que los acogen.

Mientras los casos de COVID-19 aumentan día tras día, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre unos sistemas sanitarios ya sobrecargados, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya estos esfuerzos que aprovechan las capacidades y recursos que pueden aportar los profesionales médicos refugiados.

Varios países de la región ya han puesto en marcha medidas especiales que autorizan la contratación de profesionales y técnicos sanitarios extranjeros cualificados, incluidos aquellos que todavía están esperando recibir su licencia habilitante o cuyas certificaciones están en proceso de ser validadas por parte de las autoridades nacionales. Otros países han adoptado procesos de homologación acelerados para agilizar su incorporación a la respuesta sanitaria nacional.

Perú acaba de autorizar la contratación de profesionales sanitarios extranjeros certificados, de cualquier nacionalidad, para reforzar la respuesta ante el COVID-19. Argentina y Chile han autorizado, como medida de emergencia, la contratación de profesionales sanitarios que todavía no han obtenido la convalidación de sus certificados por parte de las autoridades nacionales competentes.

En Cuba, donde varias personas refugiadas estudian medicina gracias a becas del gobierno, ahora los refugiados a partir del tercer curso de sus estudios también pueden sumarse a la respuesta ante la emergencia. En Brasil, médicos cubanos han recibido una autorización excepcional para trabajar en la respuesta sanitaria en todo el país.

En México, ACNUR está trabajando junto con las autoridades federales para establecer un mecanismo acelerado para el reconocimiento de profesionales sanitarios refugiados y solicitantes de asilo que cuentan con las cualificaciones y experiencia necesaria para incorporarse a la bolsa de contratación de emergencia del país. En Colombia, el Ministerio de Sanidad está trabajando con la asociación de profesionales sanitarios de Colombia para diseñar una vía por la que incorporar a los profesionales sanitarios procedentes de Venezuela al sistema sanitario del gobierno.

Además, se están conformando redes de profesionales sanitarios extranjeros en toda la región para ofrecer sus conocimientos y experiencia, y así colaborar con sus países de acogida. A través de este contacto con las comunidades de refugiados y solicitantes de asilo, ACNUR ha conocido que miles de desplazados forzosos profesionales sanitarios han expresado su voluntad de trabajar con sus compañeros en las respuestas contra el COVID-19.

En los casos en los que los enfoques nacionales lo permiten, los equipos de ACNUR están poniendo en contacto a médicos refugiados cualificados y con experiencia con hospitales y centros de salud que necesitan personal adicional para hacer frente a la crisis sanitaria.

América Latina ha demostrado una gran generosidad ante una crisis de desplazamiento forzado sin precedentes como la de Venezuela y que ha afectado a casi todos los países de la región. Ahora, la pandemia del coronavirus está agravando la situación de desesperación de muchas personas refugiadas y quienes las acogen.

ACNUR apuesta por que la inclusión de las personas refugiadas forme parte de las respuestas, y apoya los esfuerzos en este sentido. También continúa abogando por que todas las personas refugiadas y en situación de necesidad de protección internacional sean incluidos totalmente en los sistemas nacionales de salud, gozando del mismo acceso a los servicios sanitarios, así como que sean incluidos en los planes de respuesta nacionales contra el COVID-19. Su inclusión no solo es positiva para proteger los derechos de las personas refugiadas, sino también para proteger la salud pública y detener la propagación del virus.

 

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