Cerrar sites icon close
Search form

Search for the country site.

Country profile

Country website

Un año después de los ataques en Palma, miles de personas siguen huyendo de la violencia en el norte de Mozambique

Notas de prensa

Un año después de los ataques en Palma, miles de personas siguen huyendo de la violencia en el norte de Mozambique

22 March 2022
Una mujer camina por un campamento para personas desplazadas en Mpeme, en el distrito de Mueda, en la provincia de Cabo Delgado (Mozambique).

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está alarmada por la violencia continua en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, que ha forzado a miles de personas a huir desde principios de este año.

Según los socios de ACNUR en la región, una serie de ataques llevados a cabo por grupos armados no estatales entre enero y mediados de marzo ha desplazado a unas 24.000 personas dentro del distrito de Nangade. Estas personas necesitan ayuda humanitaria y servicios de protección de manera urgente. Además, habría cientos de familias desplazándose en estos momentos.

Además, unas 5.000 personas han buscado protección en el distrito vecino de Mueda, una zona aislada cerca de la frontera con Tanzania. Las personas que están huyendo de la violencia han sufrido y han sido testigos de atrocidades como asesinatos, decapitaciones, desmembramientos de cuerpos, violencia sexual, secuestros, reclutamientos forzosos por parte de grupos armados y torturas. La amenaza de un recrudecimiento de la violencia hace que el número de personas que llega a Mueda siga aumentando.

ACNUR y sus socios están trabajando, en estrecha colaboración con las autoridades locales, para garantizar que las necesidades tanto de las comunidades previamente desplazadas en Mueda como de las desplazadas recientemente sean atendidas. ACNUR está proporcionando materiales para facilitar refugios y artículos de hogar a familias vulnerables, vigilando la protección de riesgos y apoyando a las autoridades en la gestión de los enclaves de acogida de los desplazados. También está estableciendo instalaciones comunitarias y de recepción para las personas desplazadas internas en Lyanda y Nandimba.

Sin embargo, todavía quedan lagunas importantes, especialmente en lo que se refiere al apoyo psicológico y la salud mental a los niños y niñas no acompañados y separados, a las personas con discapacidad, a mujeres embarazadas y a personas mayores.

Según las autoridades locales, el distrito de Mueda acoge a 134.515 personas desplazadas internas. La mayoría de los campamentos están abarrotados y pronto alcanzarán su capacidad máxima. Mueda es de todos los distritos el que acoge a un mayor número de comunidades desplazadas dentro de Cabo Delgado.

Un año después de que grupos armados no estatales lanzaran, el 24 de marzo de 2021, los mayores ataques en el distrito de Palma dejando decenas de muertos y miles de desplazados en todo Cabo Delgado, la seguridad sigue siendo frágil en algunas zonas del norte de Mozambique, a pesar de las mejoras en otras áreas como consecuencia de la intervención del gobierno y de las fuerzas aliadas internacionales desde julio de 2021.

Desde entonces, algunas personas han elegido volver a sus áreas de origen. No obstante, ACNUR considera que es prematuro animar al retorno en Cabo Delgado debido a la continua inseguridad en zonas de la provincia. ACNUR insiste en la importancia de garantizar que los retornos sean seguros, voluntarios, dignos, que se basen en una decisión bien informada y que los servicios básicos se hayan reestablecido en las áreas de origen.

Los recientes fenómenos meteorológicos extremos, como la tormenta tropical Ana en enero y el ciclón tropical Gombe este mes, plantean dificultades adicionales tanto a las personas desplazadas como a las comunidades de acogida en el norte de Mozambique.

Más de 735.000 personas han huido de sus hogares desde que empezó el conflicto en Cabo Delgado en octubre de 2017. Hasta marzo de 2022, las operaciones de ACNUR en Mozambique solo habían recibido el 11 % de los fondos necesarios para prestar asistencia vital, que ascienden a 36,7 millones de dólares.