Comunicados de prensa

Nuevo proyecto promoverá empleo y protección social en Honduras

Comunicado conjunto de ACNUR y OIT

24 September 2020

Un participante de un taller de reparación de electrodomésticos en en San Pedro Sula, Honduras.

TEGUCIGALPA, Honduras – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de la Unión Europea, presentaron hoy un nuevo proyecto regional para impulsar el empleo y protección social en Honduras, en el Marco Integral de Respuesta a los Refugiados en México y América Central.

El proyecto, denominado “Promoviendo el empleo y la protección social bajo el Marco Integral de Respuesta a los Refugiados en Centroamérica y México”, contribuirá a reducir la desigualdad económica y a promover el acceso al trabajo decente, empleo y protección social de las personas desplazadas forzadas. Esta iniciativa apunta a mejorar el acceso de las personas desplazadas forzadas, retornadas con necesidades de protección y sus comunidades de acogida, a servicios públicos y privados relacionados con el empleo, educación, capacitación técnica y vocacional, servicios financieros, reconocimiento de habilidades y asesoramiento, además de protección social.

El programa, cuenta con un financiamiento de € 4.000.000 por parte de la Unión Europea, de los cuales € 1.143.332 serán implementados a nivel nacional durante 36 meses con un enfoque especial en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No obstante su amplio alcance poblacional, priorizará a mujeres, jóvenes y comerciantes informales en condiciones altamente vulnerables, en seguimiento a los objetivos de la Agenda 2030 y la importancia de “No dejar a nadie atrás”.

Al respecto, Carmen Moreno, Directora Regional de la OIT manifestó que “los trabajadores migrantes contribuyen al crecimiento de los países de destino, y en sus países de origen con las remesas y competencias que adquieren cuando están fuera de su país. La OIT trabaja para contribuir a la elaboración de políticas que maximicen las ventajas de la migración laboral para todas las partes involucradas”

Por su parte, Andrés Celis, Representante del ACNUR en Honduras, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la OIT y el ACNUR “que permite integrar dos miradas diferentes pero complementarias y necesarias para avanzar en la garantía de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas o en riesgo de desplazamiento, en un contexto en el que la violencia responde a múltiples causas e impactos y en el que, en consecuencia, se requiere afianzar la relación inescindible entre lo humanitario y el desarrollo, involucrando como eje central las necesidades de las personas desplazadas forzadamente”.

Una respuesta a los retos agudizaos por la pandemia

El proyecto se plantea en un contexto de pandemia por COVID-19, que mantiene al mundo en una crisis sanitaria y cuyas repercusiones, particularmente en Honduras, han tenido un impacto severo en el plano sanitario y socioeconómico.

Si bien el Estado de Honduras ha asumido previo a la emergencia sus compromisos de promover el empleo decente, proteger a la población deportada y desplazada forzada, hoy más que nunca, la respuesta a la crisis constituye en reto.

Por ello, la iniciativa será implementada en coordinación con diversos actores como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional de Formación Profesional, las Alcaldías Municipales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia.

La alianza estratégica entre la OIT y el ACNUR permitirá compartir con esos actores las experiencias de ambas agencias en la atención a contextos similares en diferentes países de la región y el mundo, junto al compromiso UE de contribuir a dar respuesta al llamado de la Agenda 2030 a promover la inclusión socio económica de personas desplazadas y con necesidades de protección.

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