Chile: ACNUR y la Universidad Diego Portales brindaron un taller sobre apatridia para organizaciones y universidades

SANTIAGO, Chile, 14 de julio de 2016 (ACNUR) – La Sede de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ubicada en el centro de Santiago, fue el escenario del "Taller de capacitación sobre nacionalidad y apatridia para Organizaciones de la Sociedad Civil y Clínicas Legales de las Américas". Un encuentro que convocó a decenas de académicos, miembros de clínicas jurídicas, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y expertos de agencias internacionales, tales como el ACNUR y la UNICEF.

El taller, donde los participantes se capacitaron, intercambiaron conocimientos, inquietudes y buenas prácticas, fue una iniciativa de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (ANA) de la Universidad Diego Portales y el ACNUR. ANA es una red de organizaciones civiles y académicas que nació en 2014, tras el lanzamiento de la campaña global #IBelong del ACNUR. "Vimos la necesidad de realizar esfuerzos para evidenciar mayormente la problemática de la apatridia en las Américas e identificar a la población afectada", señaló Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones no gubernamentales que dio vida a la iniciativa.

Ante esto, Juan Ignacio Mondelli, Oficial Regional del ACNUR para temas de Apatridia, explicó que "si bien los Estados tienen la responsabilidad primaria para terminar con el problema de la apatridia a nivel nacional, se trata de un trabajo que no puede realizarse de forma exclusiva por el ACNUR o los Estados". "Quedó en manifiesto que hay muchas acciones que las ONGs pueden hacer en términos de construir la agenda de apatridia a nivel nacional. El intercambio entre las organizaciones facilita el poder identificar cuáles son los problemas potenciales que hay en cada país y reforzar dónde deberíamos estar", agregó Mondelli.

La situación de los apátridas en República Dominicana fue uno de los temas abordados durante las discusiones del taller. Se trata de una problemática que afecta, en su mayoría, a personas de ascendencia haitiana nacidas en aquel país y que, durante décadas, fueron reconocidas como ciudadanas. A pesar de ello, en 2013, una decisión de la Junta Central Electoral dominicana revocó la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos y les negó la posibilidad de conseguir certificados de nacimiento, convirtiéndolos en personas en riesgo de apatridia. "Estamos acompañando a 18 comunidades en las que hemos identificado alrededor de 900 mil personas que son hijas de extranjeros nacidos en el país desde el año 1929 hasta 2010. Al identificar esa población – con la ayuda de otras organizaciones, especialmente el ACNUR – hicimos un acompañamiento y logramos inscribir la solicitud de reconocimiento del nacimiento de 219 personas", contó Beneco Enecia, miembro del Centro para el Desarrollo Sostenible (CEDESO).

La situación de las personas haitianas también es compleja en Bahamas. Esto, debido a que – durante 2014- el Gobierno dejó de emitir certificados de identidad para los hijos de inmigrantes nacidos en el país. Además de ello, tanto Bahamas como Barbados no contemplan dentro de su legislación nacional la posibilidad de transmisión de nacionalidad desde las madres a sus hijos. "Actualmente estamos participando en un proceso de reformas de nuestra Constitución, que tiene leyes discriminatorias en contra de las mujeres para efectos del traspaso de la nacionalidad", comenta Michael Stevenson, académico de The College of The Bahamas.

En Chile, la Universidad Diego Portales (UDP) y el Servicio Jesuita Migrantes, presentaron un reclamo de nacionalidad colectivo a la Corte Suprema para 161 niños y niñas nacidos en Chile e inscritos como hijos de extranjeros transeúntes.

"Las cifras en sí son un problema porque no hay claridad en el Estado acerca de cuántas personas efectivamente, al día de hoy, permanecen en Chile bajo el criterio de "hijo de extranjero transeúnte". Las estimaciones que manejamos nosotros desde la sociedad civil son entre 2500 y 3000 personas, pero podrían ser más", señala Delfina Lawson, profesora a cargo de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP.

En la actualidad, de los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), sólo 19 son parte de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Sin embargo – según el programa de "Erradicación de la Apatridia" inserto dentro del Plan de Acción de Brasil de 2014 – los Estados no sólo deben avanzar en la adhesión de las convenciones sino que también en el empoderamiento de la sociedad civil, la armonización de sus legislaciones nacionales, el establecimiento de procedimientos eficaces para la determinación del estatuto de apatridia y la adopción de marcos legales que garanticen los derechos de las personas apátridas.

Por Stephanie Rabi