Colombia: Acuerdo mediado por ACNUR abre camino para mejorar el apoyo al restablecimiento de personas desplazadas

BOGOTÁ, Colombia, 6 de agosto de 2009 (ACNUR) – El domingo 2 de agosto, cerca de 2,000 personas desplazadas abandonaron el Parque Tercer Milenio de Bogotá, uno de los más céntricos de la capital colombiana, a unas pocas cuadras del palacio presidencial y de la alcaldía de esta capital de más de 7 millones de habitantes. Así pusieron fin a cuatro meses de una protesta pacífica que por momentos dejó a las autoridades locales y nacionales sin respuestas para sus demandas.

El desalojo del parque, sobre el que reportaron todos los principales medios de comunicación colombianos, fue posible tras un acuerdo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Agencia Presidencial para la Acción Social – agencia que coordina la respuesta del Gobierno frente al desplazamiento interno – y representantes de la población desplazada que estaba en el parque. Pero para lograr ese acuerdo fue necesaria la mediación de ACNUR, el acompañamiento de la Iglesia Católica y un rol muy activo de vigilancia de las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos en Colombia: la Defensoría del Pueblo, la procuraduría General de la Nación, y la Personería (una especie de defensoría local) de Bogotá.

Una semana muy ajetreada de mediación por parte de ACNUR permitió poner fin a 4 meses de tensión.

El acuerdo contempla la entrega de ayuda que permita a las personas desplazadas – muchas de las cuales huyeron de sus hogares debido al conflicto hace varios años y no han logrado salir de la pobreza extrema desde entonces – pagar su alimentación y sus gastos de arriendo hasta que estén en condiciones de sostenerse por sí solas, algo que ya había sido ordenado por la Corte Constitucional colombiana pero que no se cumple en muchas ocasiones. También establece una oficina de la alcaldía de la capital para apoyar el diseño de proyectos de generación de ingresos para las personas desplazadas, así como la participación de representantes de la población desplazada en la discusión de cambios en las políticas de generación de ingresos que buscan beneficiarlos.

Para muchos, la presencia de 2,000 desplazados – incluidas cientos de mujeres y niños, adultos mayores y decenas de personas enfermas – viviendo durante meses en construcciones hechas de plástico en el Parque Tercer Milenio fue un recordatorio de la gravedad de la crisis humanitaria por el conflicto que sólo se siente con toda su intensidad en las zonas rurales de este país. "Aquí somos visibles, fuera de aquí nadie nos prestaría atención" fueron frases oídas una y otra vez en labios de quienes se establecieron en el parque. A pesar de que el Gobierno ha registrado más de 200,000 personas desplazadas por el conflicto cada uno de los cinco últimos años, casi no se encuentran señales de ese conflicto en las grandes ciudades del país.

Pero la prolongada situación, en la cual fracasaron varios intentos de negociación antes de la intervención de ACNUR, también mostró fallas de coordinación en la respuesta de atención del Estado – y que si esas fallas se superan, pueden dar paso a soluciones más integrales a las necesidades de las personas.

Las diferencias que parecían irreconciliables en las posiciones de las personas desplazadas y las autoridades pudieron reducirse cuando los fondos que ofrecían la alcaldía de Bogotá y el gobierno colombiano para proyectos de generación de ingresos se unieron, añadiéndose a ellos una estructura (gerencia) cuya labor será asesorar el diseño de estos proyectos productivos para no dejar a las personas desplazadas solas con la tarea de diseñar modelos de negocio, sin experiencia previa para hacerlo.

También se demostró que pueden reducirse los conflictos sólo revisando cuidadosamente la interpretación y aplicación de las normas. "No creamos ninguna norma nueva. Lo único que hicimos fue aplicar las que ya existían", recalca el Representante de ACNUR en Colombia, Jean-Nöel Wetterwald. Esa aplicación de las normas ya existentes permitió que las personas desplazadas reciban la ayuda de emergencia hasta que se demuestre que dejan de necesitarla.

En última instancia, la toma de cuatro meses en el Parque Tercer Milenio de Bogotá que terminó con la mediación de ACNUR fue una alerta sobre las deficiencias en las políticas que buscan ayudar a las personas desplazadas a reconstruir sus vidas después del desplazamiento.

"Colombia ha hecho un esfuerzo presupuestal muy grande, pasando de 50 a 500 millones de dólares invertidos en la atención a las personas desplazadas en pocos años" admite Wetterwald. "Pero el mismo gobierno ha reconocido que los temas de tierras, vivienda y generación de ingresos, temas decisivos para que las personas recuperen una vida normal, son aquellos en los que hacen falta más esfuerzos. Lo que pasó en el Parque Tercer Milenio muestra que lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido el impacto deseado".

La mesa que logró los acuerdos iniciales discute ahora cómo mejorar la seguridad de los líderes de esta población desplazada, y cómo abordar las soluciones duraderas: retorno a sus zonas de origen, reubicación o acceso a vivienda urbana para estas personas.

A finales de octubre de 2009 se espera que el Gobierno colombiano haya terminado la revisión de su política de generación de ingresos. Es posible que desde entonces sean cada vez menos las personas desplazadas que recurran a acciones extremas, como asentarse en un parque, para obtener el apoyo del Estado que les permita realmente comenzar de nuevo.

Por Gustavo Valdivieso en Bogotá