Colombia: Comunidades indígenas participan en la Cumbre de las Américas

CARTAGENA, Colombia, 16 de abril de 2012 (ACNUR) – Más de 150 representantes de los pueblos indígenas de diferentes países americanos se reunieron del 11 al 13 de abril en Cartagena de Indias, Colombia, para proponer a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países que han participado en la VI Cumbre de las Américas que, en su declaración final, incluyeran un capítulo dedicado a su derecho a la consulta previa, la aceptación de la jurisdicción especial indígena, el respeto a la medicina tradicional y la implementación de un modelo económico armónico con la naturaleza.

Es relevante el espacio que se ha abierto para las comunidades indígenas en este forum. "Los pueblos indígenas no pueden seguir como folclor de la democracia y esperamos que esta cumbre no se quede como los ya existentes 1.200 acuerdos incumplidos", afirmó Luis Evelis, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en su discurso de apertura en la IV Cumbre Indígena de las Américas.

Las condiciones de violencia generadas por el conflicto armado interno en Colombia y su desborde a los países limítrofes afectan directamente y de manera desproporcionada la vida de los pueblos indígenas, en particular en las regiones fronterizas. Esta grave situación humanitaria ha generado desplazamiento, marginalización extrema y degradación del medio ambiente en los territorios indígenas. Factores como los cultivos de uso ilícito y la implementación de mega proyectos, desarrollados sin atender adecuadamente los legítimos intereses colectivos de estas comunidades, constituyen problemas urgentes para su supervivencia. Algunos pueblos han perdido más del 80% de su territorio por estas causas. Para muchos pueblos indígenas el desplazamiento forzado ha dado origen a largas cadenas migratorias que en ocasiones terminan en países vecinos, especialmente en los departamentos fronterizos: Chocó, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño y Guajira.

Un hecho demostrativo del deterioro de la situación de los pueblos indígenas es el aumento en el número de comunicados que día a día son emitidos por sus organizaciones, denunciando diversas violaciones de sus derechos. Sólo en la semana pasada se difundieron dos. La Organización Indígena de Antioquia denunció que 260 emberas (51 familias) de la comunidad Guapa Alto en el municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia, se escondieron en la selva durante enfrentamientos entre las FARC y las autodefensas gaitanistas, posteriormente regresaron a su territorio y ahora están confinados debido a la presencia de artefactos explosivos sin detonar. En 2011, según cifras oficiales, 4.961 indígenas fueron forzados a desplazarse.

El ataque a los lugares habitados por comunidades indígenas se debe principalmente al hecho de que sus territorios ancestrales, a menudo con abundancia de recursos naturales, están ubicados además en sitios estratégicos para los tráficos ilegales.

Otro comunicado denuncia la muerte, en circunstancias desconocidas, de una mujer indígena inga en el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. "Una vez más la violencia contra las mujeres se hace evidente en nuestras comunidades indígenas, [...] se nos están violando los derechos de ver crecer a nuestros hijos y que los hijos no se queden sin sus madres", declararon las mujeres ingas de Nariño. Episodios de este tipo se repiten de manera constante; de hecho, en 2011, según la ONIC, los pueblos indígenas fueron víctimas de 108 homicidios hasta el mes de noviembre. El departamento que reportó mayor número de indígenas asesinados fue el Cauca, seguido por Antioquia y Nariño. Los pueblos indígenas más afectados fueron los nasa, embera, zenú y, finalmente, los awá, que entre 2009 y 2011, han perdido a 80 de sus miembros.

El pueblo awá ha sido víctima recurrente de violaciones de sus derechos individuales y colectivos e infracciones al derecho internacional humanitario. Esta comunidad, que del departamento de Nariño se extiende hasta el Ecuador, ha sufrido presiones desde que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas en junio de 2011. Según ellos, desde entonces han sufrido tres desplazamientos masivos y el miedo entre los líderes de la comunidad se ha incrementado debido a las amenazas a quienes participan en los procesos de restitución de tierras.

Los problemas enfrentados por los pueblos inga, awá y embera son los mismos a los que se enfrentan las 35 comunidades indígenas declaradas en riesgo de extinción física y cultural por la Corte Constitucional de Colombia en 2009. Según la ONIC, existen 102 pueblos indígenas en riesgo de desaparecer, 32 de ellos generan especial preocupación pues cuentan con menos de 500 personas. En Colombia los indígenas representan el 2% de la población total y el 3,1% de la población en situación de desplazamiento interno.

Los niños y mujeres indígenas están particularmente afectados por el conflicto armado. La violencia sexual y de género sigue siendo causa de desplazamiento forzado. En Nariño, en el mes de diciembre de 2011, tres mujeres del pueblo awá en el resguardo Piedra Verde fueron abusadas sexualmente por un grupo armado ilegal, dos de ellas eran menores de edad y otra tenía 7 meses de embarazo. Asimismo, los niños indígenas son víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales: 130 menores fueron reclutados en el solo pueblo wounaan, en Chocó y Valle del Cauca.

Existe un desbalance entre el marco normativo desarrollado en las Américas y la garantía efectiva de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa, al cual corresponde una obligación de los gobiernos de consultar a las comunidades antes de realizar acciones que las afecten, si bien está reconocido en las constituciones de Bolivia, Colombia y otros países, se enfrenta a muchas dificultades en su implementación.

El ACNUR, como acompañante del proceso organizativo de estos pueblos y a solicitud de los mismos, ha buscado el fortalecimiento de la capacidad de los Estados, de los pueblos indígenas y de sus autoridades en la construcción consultada y participativa de políticas públicas que garanticen sus derechos individuales y colectivos, con el fin de que los pueblos indígenas puedan habitar sus territorios, ejercer su autonomía, fortalecer sus prácticas culturales y sus estructuras comunitarias como mecanismos de prevención y protección frente al desplazamiento forzado y en el proceso de solicitud de la condición de refugiado y durante el asilo, en caso de desplazamiento transfronterizo.

Frente a la violación de los derechos colectivos e individuales de estas comunidades, el ACNUR invita a las autoridades a seguir con las investigaciones de los hechos, para que se sancione los responsables y se brinde una adecuada protección y apoyo en la defensa de los derechos humanos y se cumpla lo establecido en la Ley 1257 y el Auto 004 sobre el Plan de Salvaguardia y Plan Nacional de Garantía para los pueblos indígenas en Colombia.

Por Francesca Fontanini en Cartagena, Colombia