Colombia: Problemas del Convenio Andrés Bello afectan a miles de personas desplazadas

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo de Colombia expresan su preocupación por el efecto que la suspensión de las labores de administración de proyectos del Convenio Andrés Bello está teniendo sobre la ejecución de iniciativas que buscan proteger y ayudar a restablecer los derechos de personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento en toda Colombia.

Entre otros efectos, la falta de acceso a los fondos que administra el Convenio Andrés Bello está afectando el trabajo de dos Casas de los Derechos, que acercan los servicios del Estado a zonas de muy difícil acceso donde viven miles de personas desplazadas y comunidades receptoras de muy bajos ingresos en los municipios de Soacha (Cundinamarca) y Bello (Antioquia), así como el trabajo de 15 defensores comunitarios y de fronteras en 14 regiones de Colombia, y el proyecto nacional que apoya ACNUR para fortalecer la capacidad de acción de la Defensoría del Pueblo en el desarrollo y vigilancia de políticas públicas a favor de los derechos de las personas desplazadas.

En gran parte de las zonas afectadas, los beneficiarios de estas iniciativas son comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentran entre las más golpeadas por la violencia en el país.

Teniendo en cuenta que estas iniciativas han sido posibles gracias al apoyo de la comunidad internacional, la Defensoría del Pueblo de Colombia y ACNUR instan a los ministros de Educación de los 13 países miembros del Convenio Andrés Bello, que constituyen su órgano directivo, REMECAB, y a la Secretaria Ejecutiva del Convenio en Colombia, para que orienten la adopción de medidas que permitan continuar el desarrollo normal de estos proyectos, o en su defecto liquidarlos de forma que no se siga afectando el bienestar de poblaciones que ya están entre las más vulnerables del país.

La Defensoría del Pueblo y ACNUR agradecen el interés del Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería y el Ministerio de Educación Nacional, por ofrecer alternativas que permitan mantener el trabajo a que hemos hecho mención.